Eduardo Sosa, exprocurador general de Santa Cruz, asumió hoy su cargo tras una decisión política del gobierno provincial. La jura tuvo lugar en el edificio donde ejerció antes, lugar que el kirchnerismo dividió en 2001 para removerlo. Sosa, quien ya había sido desplazado por el gobierno de Néstor Kirchner, destacó que las cinco resoluciones de la Corte Suprema, incluida una de restitución, fueron desoídas por los sucesivos gobiernos santacruceños. «El kirchnerismo se creyó por encima de la propia Corte», reflexionó.

La reinstitución de Sosa se produce tras un proceso legislativo que culminó con la aprobación de una ley en el congreso provincial. El exfuncionario explicó que la decisión fue motivada por la necesidad de «reparar un daño institucional» causado por el desplazamiento ilegítimo de 1991. «Esto no es solo un acto formal, sino una manera de condenar un acto que atentó contra las reglas constitucionales», afirmó. Su regreso, según Sosa, busca «restablecer la autoridad de la Corte Suprema en Santa Cruz».

En una conversación con Clarín, Sosa detalló que el kirchnerismo «ignoró el peso de los fallos supremos» y «dejó sin respeto el sistema judicial nacional». Aunque no mencionó directamente a los funcionarios anteriores, su crítica apunta a una ruptura con la tradición de desobediencia institucional. «La provincia no puede ser un espacio donde se suba de categoría a instituciones», sostuvo, al tiempo que resaltó la importancia de «respetar lo que dice la Constitución».

El acto de asunción se ubicó en un contexto de tensiones entre Santa Cruz y el gobierno nacional. La provincia, conocida por su autonomía política, ha sido históricamente un punto de roce con el Ejecutivo. Sosa señaló que su regreso «restituye un equilibrio que había sido alterado» y «reafirma la capacidad de las autoridades locales para cumplir con el orden jurídico nacional». Su reaparición, sin embargo, no resuelve las tensiones institucionales que persisten entre Santa Cruz y los poderes centrales.

La decisión de restituir a Sosa simboliza un giro en la relación entre la provincia y la Corte Suprema, pero deja abiertas las preguntas sobre cómo se aplicará esta reparación en el futuro próximo.