El dueño de Manaos volvió a ser procesado por evasión y embargo de 250 millones

El empresario Orlando Canido, dueño de la marca de bebidas Manaos, volvió a meterse en problemas tras ser procesado por el Juzgado Federal N° 3 de Morón por presunta evasión fiscal. La resolución judicial ordenó un embargo preventivo de 250 millones de pesos sobre sus bienes y los de su empresa Refres Now S.A., que también fue incluida en la causa. La investigación, llevada a cabo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se centra en incumplimientos de Impuestos Internos, IVA y Ganancias por más de 800 millones de pesos entre 2016 y 2020.

La denuncia se inició en 2023 y se amplió recientemente a nuevos delitos, incluyendo evasión simple en Ganancias de 2016 por 721 millones de pesos, IVA de 2016 por 148 millones y 2017 por 85 millones. También se investiga el pago de Impuestos Internos de 2016 por 37 millones. La Justicia decidió mantener la libertad provisional de Canido durante el proceso, pero exigió que sus activos sean bloqueados como garantía.

Canido, quien busca expandir su negocio en bebidas sin alcohol, adquirió en 2025 las marcas Cunnington y Neuss por 74 millones de dólares. La compra, realizada en efectivo, generó controversia cuando el empresario lo reveló en un programa de streaming. Ahora, el juez ordenó un embargo por el mismo monto sobre los bienes de Refres Now S.A., lo que limita su capacidad para realizar nuevas adquisiciones.

La causa también involucra a Norberto Canido, hermano de Orlando, y se centra en la relación entre el grupo familiar y la empresa Productos de Agua (Proea), que gestionaba las marcas antes de la venta. Aunque la empresa no respondió a contactos de Clarín, el caso resalta el desafío fiscal que enfrentan las grandes corporaciones en Argentina. La resolución judicial pone en jaque los planes de expansión del empresario, especialmente en la adquisición de Pureza de las Sierras, una marca de aguas y saborizadas que podría ser su próxima apuesta.

El embargo de 250 millones refleja el peso de la denuncia fiscal contra Canido, que complica su estrategia de crecimiento en el sector de bebidas. La decisión judicial limita su capacidad para realizar nuevas inversiones y pone en foco la vulnerabilidad de las empresas ante investigaciones fiscales.