El avance del gobierno para vender un predio perteneciente a la Armada en Ushuaia ha generado tensiones internas en las Fuerzas Armadas, que ven en la medida un signo de una política de desafectación de inmuebles estratégicos. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) resolvió mediante la Resolución 101/2026, firmada el 26 de junio, desafectar el terreno ubicado entre las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, cercano a la planta Orión. Según el expediente administrativo, el inmueble fue declarado «innecesario» y «sin destino» tras una evaluación del Ministerio de Defensa en agosto de 2025, que destacó la ausencia de previsiones de utilización futura.

Un informe técnico de la AABE señaló que el lugar no registra ocupaciones permanentes, salvo un uso transitorio por parte de Camuzzi Gas del Sur como espacio de acopio de caños. Sin embargo, el debate dentro de la Armada trasciende este lote puntual. Fuentes militares sostienen que el terreno forma parte de una zona crítica desde el punto de vista geopolítico, al ser la principal puerta de acceso nacional al Atlántico Sur, a la Antártida y al pasaje bioceánico entre los océanos Atlántico y Pacífico. En ese contexto, convergen intereses estratégicos de Estados Unidos y China, mientras persiste la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.

La venta de terrenos en el sector, según los militares, podría afectar la capacidad de la Armada para mantener un control efectivo en una región donde la presencia estratégica es clave. La ubicación de Ushuaia, al ser la única conexión terrestre con el continente sudamericano hacia el sur, resalta su importancia para la proyección nacional. En ese marco, el rol de la Armada en la protección de zonas sensibles como el canal de Beagle y la plataforma continental argentina adquiere un peso específico.

Además, la decisión ha sido cuestionada por su falta de transparencia en la evaluación de la necesidad del inmueble y el destino final de los fondos recaudados. Las fuentes consultadas insisten en que el proceso no se limita a Ushuaia, sino que forma parte de un esquema más amplio de desprendimiento de activos estratégicos, lo que generaría preocupación por la posible pérdida de capacidad operativa y de influencia en zonas clave. La venta, en este sentido, podría tener un impacto prolongado en la capacidad de la Argentina para proteger sus intereses en el Atlántico Sur.

La venta del terreno en Ushuaia, aunque justificada como una medida de racionalización, resalta las tensiones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas sobre la gestión de activos estratégicos. La decisión refleja un debate sobre el equilibrio entre la modernización institucional y la defensa de la soberanía en una región de alta importancia geopolítica.