Las tumbas se alinean en filas como en fila india en la ladera del Cerro Ávila, donde el régimen chavista ha construido un cementerio improvisado para sepultar a las víctimas del doble terremoto que sacudió Caracas y La Guaira el 24 de junio. El sitio, llamado «La Esperanza», albergará 2.000 ataúdes, tras el colapso de los cementerios existentes como el General del Sur. El movimiento telúrico, de 7.2 y 7.5 grados, derrumbó más de 189 edificios y dejó a 850 viviendas fracturadas.

El desastre, el más potente en 126 años, provocó un balance que superó las 3.500 muertes al mediodía del 25 de junio, con cifras que aún suben. El régimen no ha construido nuevos cementerios en 27 años, lo que exacerba la crisis. Mientras los servicios de emergencia luchan por rescatar supervivientes, las autoridades apresuran la instalación de tumbas en terrenos donde se desmantelaron los escombros. Aéreas imágenes revelan terrazas con filas de lápidas que se sacaron de los restos de los edificios derrumbados.

En el Cementerio del Sur, el lugar tradicional de entierro, familias grabaron frases como «Mi príncipe» o «El amor de mi vida» en las lápidas. La improvisación refleja la urgencia: las fosas comunes ya no sirven, y los ataúdes se multiplican al ritmo de los fallecimientos. El gobierno, que no ha autorizado nuevas cárceles ni cementerios en décadas, enfrenta un dilema: si no construye más espacios, la tragedia se prolongará.

La población, en tanto, vive en incertidumbre. Varios vecinos denunciaron que las viviendas en zonas afectadas no están seguras y que el gobierno no ha anunciado una evaluación de daños. La crisis humanitaria se agrava al no haber sitio para enterrar a los muertos, y la urgencia de cerrar los ataúdes se convierte en una prioridad política. El doble sismo no solo sacudió la geografía de Venezuela, sino también la capacidad de respuesta del Estado.

El balance de muertos podría superar las 4.000 personas al finalizar la jornada, según el municipio de Caracas. La improvisación del cementerio refleja la presión institucional y la ausencia de planes de contingencia, mientras la población enfrenta la incertidumbre de una reconstrucción en la que la dignidad de las víctimas está en juego.