Medidas de desalojo exprés y cambios en la seguridad para propietarios

El proyecto, que ingresó al Senado el 27 de marzo y sufrió cuatro postergaciones, incluye un trámite «vía sumarísima» para juicios de desalojo. Esto permite ejecutar el desalojo antes de la sentencia, con una intimación a inquilinos en viviendas habitacionales reducida a 10 días, en lugar de los 3 originales. Además, se elimina la caución real, una garantía económica exigida actualmente para desocupaciones inmediatas. En su lugar, se requiere una declaración jurada del propietario sin respaldo patrimonial, lo que genera críticas por su menor protección.

Protecciones para grupos vulnerables y limitaciones a las expropiaciones

En casos de presencia de menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, la justicia tendrá 10 días para garantizar una vivienda temporal. El proyecto también restringe el uso discrecional de expropiaciones por parte del Estado, estableciendo un marco más claro de criterios para su aplicación. Para los casos de desalojo mediante expropiación, se incluye el pago del lucro cesante, que no excederá el 30% del valor del daño emergente. Asimismo, se establece que el bien no pasará a ser administrado por el Estado hasta que la indemnización sea total, y que estas compensaciones no tributen impuestos.

Modificaciones en la ley de manejo del fuego y otros puntos clave

La propuesta también redefinió la ley de manejo del fuego, aunque los detalles no fueron detallados en el texto publicado. Otros puntos incluyen la reducción de plazos para desalojos en casos de no pago, y la priorización de alternativas habitacionales para grupos vulnerables. El ministro Sturzenegger argumentó que las reformas buscan «proteger la propiedad privada y fomentar la inversión productiva», aunque organizaciones de derechos humanos y sindicales denuncian que ignora las consecuencias para familias en situación de vulnerabilidad.

El Senado votará el jueves si el proyecto avanza, tras una serie de modificaciones que buscan equilibrar derechos y necesidades económicas. La implementación de estas normas podría generar tensión entre sectores que defienden la propiedad privada y aquellos que alertan sobre su impacto en la vivienda y la seguridad social.