Elías Piccirillo, un empresario conocido por su vinculación con el mundo de la política y la farándula, se presentó el viernes en la Cámara Federal de Comodoro Py para solicitar su liberación en la causa en la que está bajo prisión domiciliaria. Llevaba una tobillera electrónica que monitoreaba su movimiento, una medida que la justicia impuso tras la denuncia de un supuesto fraude policial. El financista, quien se encuentra en el centro de un escándalo que involucra a un ex socio, argumentó ante los jueces Roberto Boico y Mariano Llorens que «siempre estuvo a derecho» y que «nunca hubo peligro de fuga».

El caso gira en torno a una acusación de haber armado un operativo policial falso contra Francisco Hauque, un ex socio con el que tuvo un conflicto por una deuda de 6 millones de dólares. Según el relato judicial, Piccirillo dejó en la camioneta de Hauque un kilo de cocaína y una pistola días antes de que este fuera detenido en marzo del año pasado. La denuncia se originó tras una cena en el Palacio Duhau, donde se habría celebrado el acuerdo para el pago de la deuda. «Días antes sabía por los medios que me iban a detener y yo me presenté para quedar detenido», sostuvo Piccirillo, quien fue apoyado por sus abogados y su hermano Matías.

La audiencia también incluyó una segunda solicitud: trasladar su detención domiciliaria de Banfield a la residencia de su pareja, Florencia Epelbaum, en el barrio porteño de Nuñez. Epelbaum, quien acompañó al financista en el tribunal, es una de las garantías en la causa. La decisión de los jueces podría tener implicaciones en la continuidad del proceso, ya que el uso de la tobillera electrónica limita su libertad a un radio de 50 metros del domicilio. Piccirillo, quien se casó en mayo de 2,024 con la modelo Jesica Cirio, negó haber cometido delitos y se mostró confiado en que «las cosas se aclaren».

El caso ha generado controversia en la sociedad argentina, dada la conexión entre el mundo financiero, el poder político y la justicia. La Fiscalía, que investiga el caso, sostiene que los hechos confirmaron la existencia de un esquema de cohecho y encubrimiento. Sin embargo, Piccirillo y su abogado Alejandro de Dios Montiel han insistido en que las pruebas son «instrumentales» y no reflejan la realidad de los hechos. La decisión judicial sobre su excarcelación podría marcar un hito en la lucha contra la corrupción, pero también levantará nuevas preguntas sobre la transparencia en los procesos penales.

La audiencia en la Cámara Federal pone en jaque la credibilidad del sistema judicial y la lucha contra la impunidad. La resolución de los jueces no solo decidirá el futuro de Piccirillo, sino que también influirá en la percepción pública sobre la justicia en casos de alto impacto. La próxima semana se conocerá si el financista será liberado o si las autoridades reforzarán las medidas de control.