La secretaria general de Suteba Quilmes, Fabiana Pérez Valdez, aseguró que los docentes de la zona adherieron al 95% a la jornada de lucha del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), con el objetivo de reclamar la reapertura de las paritarias y la atención a la violencia en las escuelas. «Entendemos que es necesario plantear la reapertura de paritarias sin desconocer el contexto de ahogo financiero que sufre la Provincia por parte del Gobierno nacional», sostuvo, tras señalar que el Ejecutivo provincial les ofreció un aumento del 7%, escalonado en dos meses, que podría ser aceptado por los gremios.

Pérez Valdez cargó contra el Gobierno nacional por la deuda de más de 26 mil millones de pesos que acumula con la Provincia de Buenos Aires y el incumplimiento del pago del FONID. Remarcó que cada docente espera un monto cercano a los 3 millones de pesos en adeudos, desde el inicio del mandato de Javier Milei. «Hay una situación de ahogo financiero que impacta en los trabajadores de la Provincia, en los estatales, que repercute en nuestra obra social con faltas de prestaciones y en el sostenimiento del IPS», explicó.

La líder gremial también insistió en la necesidad de un abordaje multisectorial para detener el aumento de episodios de violencia en las escuelas. «Con la escuela sola, no alcanza», advirtió, al tiempo que reafirmó la demanda de mejoras salariales y condiciones laborales. «Entendemos el esfuerzo que se hace desde la Provincia, pero venimos muy relegados ya desde la época de Vidal con los salarios», subrayó, al cuestionar la gestión provincial por no priorizar las necesidades de los trabajadores.

El reclamo de los docentes se enmarca en un contexto de tensión salarial generalizada en el conurbano. Según datos recientes, el salario promedio de un docente bonaerense no alcanza el mínimo vital, mientras que la inflación supera el 100% en el área. Pérez Valdez destacó que la falta de inversión en educación y seguridad ha exacerbado la situación, pidiendo a las autoridades locales un compromiso más firme para garantizar el bienestar de los trabajadores y la calidad del sistema educativo.

Los docentes exigen una estrategia conjunta con instituciones educativas y autoridades locales para abordar el incremento de actos violentos en las aulas, mientras continúan presionando por mayores salarios y recursos para la educación pública.