Un tribunal de segunda instancia español confirmó este jueves que Begoña Gó de Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, será juzgada por tráfico de influencias y malversación, tras desestimar otros delitos que pesaban sobre ella. La Audiencia Provincial de Madrid resolvió que se siga el proceso solo por esos dos delitos, mientras se sobreseyeron acusaciones de apropiación indebida y corrupción en negocios. La decisión, publicada este jueves, deja abierta la fecha del juicio, que será presidido por un jurado popular, tal como solicitó el juez que investigó la causa durante dos años.

La investigación, impulsada por una denuncia de una organización conservadora, se centró en la actividad de Gómez durante su rol como codirectora de una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid. La acusación sostiene que se aprovechó de su posición como primera dama para beneficiarse en su carrera académica. Durante el proceso, se levantaron las restricciones que impedían su salida del país, incluyendo la prohibición de viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía, evento al que no pudo asistir la semana pasada. Aunque sí pudo asistir a la graduación de su hija en Londres gracias a un permiso judicial, las medidas seguían vigentes hasta la resolución de la Audiencia.

El juez Juan Carlos Peinado, quien lideró la investigación, había decidido inicialmente juzgar a Gómez con jurado por los cuatro delitos que se le imputaban. La Audiencia, sin embargo, rechazó la acusación de corrupción en negocios y la de apropiación indebida, argumentando que no hubo suficiente evidencia. La decisión no exime a Gómez ni a su asesora, Cristina Álvarez, de las restricciones de movilidad, que incluyen la entrega del pasaporte y la firma obligatoria ante autoridades cada quince días. Aunque se retiraron las medidas de restricción, la fiscalía mantendrá el control sobre su localización.

Este caso, que ha generado un revuelo en el círculo político español, se ubica en un contexto de escrutinio hacia figuras de alto perfil por presuntos delitos económicos. La defensa de Gómez ha insistido en que las acusaciones son resultado de una campaña mediática sin pruebas sólidas, mientras que la fiscalía ha destacado la importancia de garantizar transparencia en el uso de recursos públicos. La sentencia final, prevista para el segundo semestre, podría marcar un hito en la lucha contra la corrupción en la élite política española.

El juicio, que podría iniciar en el segundo semestre, no solo afecta la vida personal de Begoña Gómez, sino también la percepción pública sobre la responsabilidad de figuras cercanas a autoridades. La resolución de la Audiencia deja abierta la posibilidad de que el caso se resuelva con menor impacto en la trayectoria política de la primera dama.