Facundo Leal, ex presidente del ARSAT y del ORSNA, presentará este lunes su declaración en la justicia federal de San Isidro bajo investigación por presuntas coimas. La fiscalía acusa al exfuncionario de recibir retornos a cambio de adjudicar servicios a una operadora privada. Leal, detenido desde febrero, enfrenta una situación compleja: al menos dos millones de dólares, drogas sintéticas y equipos de vigilancia fueron encontrados en sus domicilios de Palermo y Mendoza, según allanamientos de la justicia.

La investigación aborda acusaciones de prácticas corruptas en el sector de telecomunicaciones y aeropuertos, donde Leal estuvo al frente del ARSAT durante la gestión del Frente de Todos y del ORSNA en el primer año de la administración de Javier Milei. La fiscalía duda de su disposición a colaborar: hasta ahora, Leal negó revelar la contraseña de su teléfono, una información clave para desentrañar el caso. Esta actitud ha generado inquietud en funcionarios de ambas administraciones, que ven en su situación un riesgo para la imagen institucional.

Leal, de 42 años, ocupó roles estratégicos en organismos públicos clave. A comienzos de 2025 fue nombrado director del ORSNA como parte de una reforma en la Secretaría de Transporte, pero renunció en marzo de ese año. Su reemplazo, Noelia Ruiz, actualmente encabeza un fondo fiduciario de Tierra del Fuego, uno de los pocos proyectos que resisten la agenda de austeridad impulsada por la derecha. Esta conexión ha generado debates sobre el impacto de la política en la gestión de recursos públicos.

El gobierno intentó minimizar el escándalo, pero la complejidad de las acusaciones y la cantidad de evidencia encontrada en las viviendas de Leal han complicado su enfoque. La fiscalía espera que su declaración aporte luz sobre redes de corrupción en sectores críticos. El caso, además, resalta la fragilidad de la transparencia en organismos públicos, donde la concentración de poder y la falta de controles han generado condiciones propicias para prácticas ilegales.

La declaración de Leal podría revelar conexiones entre actores políticos y sectores económicos, ampliando el debate sobre la gestión de recursos públicos en el país. La investigación sigue abierta, con un impacto potencial en la estabilidad institucional y el rumbo de políticas públicas.