El juicio oral por presunto fraude al Estado en el programa Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo avanza hacia su etapa decisiva. Este miércoles, el fiscal federal Diego Velasco expondrá ante el tribunal de Comodoro Py las acusaciones contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, el ex ministro Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López. La causa, que se inició en marzo de 2023, analiza la supuesta desviación de 206 millones de pesos destinados a viviendas sociales durante el gobierno de Cristina Kirchner (2008-2011).

El programa, que construyó viviendas en siete provincias y distritos, fue un hito en la política social de la época, pero su gestión estuvo marcada por polémicas. En 2008, las Madres de Plaza de Mayo recibieron 748 millones de pesos para el proyecto, pero se acusó que solo 542 millones se utilizaron en la obra. La fiscalía alega que los recursos restantes fueron trasladados a empresas controladas por los Schoklender, quienes en 1981 fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato de sus padres.

La causa también aborda la presunta desviación de fondos y el lavado de dinero, aunque esa parte quedará para un segundo juicio. La defensa de los acusados, incluida la de Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres, se centró en la legalidad del programa y la transparencia en su ejecución. Bonafini, quien fue procesada por su participación en el caso, falleció en noviembre de 2022, pero su legado en la lucha por los derechos humanos sigue presente en la discusión.

La corte de Comodoro Py, en un contexto de renovación judicial, analiza si los acusados cometieron delitos de administración fraudulenta. La fiscalía sostiene que los fondos públicos fueron usados para beneficio personal, mientras que los defensores insisten en que el programa logró su objetivo principal: construir viviendas. La decisión final podría tener implicaciones en la responsabilidad de exfuncionarios en casos de corrupción histórica.

La causa, que refleja la complejidad de casos de corrupción en la política argentina, cerrará con la lectura de la sentencia en febrero próximo. La segunda etapa del juicio, que abordará el lavado de dinero, será clave para entender el alcance de los delitos imputados.