DNI en manos de prófuga: la situación que sacudió al Renaper
Gitana acusada de estafa millonaria obtuvo DNI sin ser interceptada
Marta Noemí Mitrovich, acusada de la muerte de Merlín Díaz, logró renovar su documento en el Renaper en Capital Federal. El organismo negó haber bloqueado el trámite y explicó que solo se detiene en caso de orden judicial. La policía consultó cámaras días después de que la mujer se retiró con el documento.
La mujer se retiró con el DNI en mano
Marta Noemí Mitrovich, la gitana señalada como cómplice de la estafa que provocó la muerte de Merlín Díaz, logró renovar su Documento Nacional de Identidad en la sede central del Renaper, ubicada sobre la avenida Roque Sáenz Peña al 600 en Capital Federal. Según informó el organismo, la mujer realizó la toma de huella dactilar y se presentó personalmente 24 horas después para retirar el documento físico en ventanilla. La operación fue posible porque el Renaper explicó que, a diferencia del trámite del pasaporte, el DNI se emite de forma automática salvo que exista una orden judicial explícita en el sistema.
Renaper: no hubo bloqueo en el sistema
Desde el Renaper sostuvieron que nunca existió un bloqueo en sus bases de datos sobre la identidad de Mitrovich. «A diferencia del trámite de pasaporte, la emisión de un DNI se procesa de forma automática, salvo que exista una orden u oficio judicial explícito ingresado y registrado en el sistema que ordene la restricción o suspensión del trámite», destacaron las autoridades. La explicación surge luego de que la noticia de la prófuga caminando libremente por las oficinas generara un revuelo público. El organismo insistió en que en el momento de la toma del trámite y posterior entrega «jamás recibió ningún tipo de oficio o notificación judicial que hiciera saber sobre un pedido de captura contra la mencionada ciudadana».
Policía consultó cámaras días después de la operación
La Policía Federal, en tanto, remitió un pedido formal para consultar las cámaras de seguridad del Renaper solo el pasado 4 de junio, varios días después de que Mitrovich se retirara con el DNI en la mano. Esta demora generó críticas en el entorno judicial, que señaló que el retraso en la alerta podría haber permitido que la mujer se movilizara sin restricciones. Fuentes del sistema de seguridad detallaron que, en ausencia de un bloqueo en los registros, el trámite no requiere intervención policial. Sin embargo, la falta de comunicación entre los organismos generó cuestionamientos sobre la coordinación en casos de personas buscadas.
El caso de Merlín Díaz y su impacto en el conurbano
El caso de Merlín Díaz, un joven de Lomas de Zamora que perdió todo su ahorro tras una estafa de $14 millones, conmocionó al conurbano. La promesa de una «limpieza espiritual» que no cumplieron las tres mujeres acusadas lo dejó en deuda y lo llevó a suicidarse. La familia del fallecido sigue demandando respuestas sobre cómo un sistema tan complejo permitió que una persona buscada accediera a trámites básicos. En el distrito de Lomas, la comunidad sigue analizando la posibilidad de demandar al Estado por negligencia en el control de personas que se encuentran en situación de fuga.
¿Qué dice la justicia sobre el caso?
Aunque las autoridades del Renaper se mostraron claras en su posición, fuentes judiciales informaron que la situación plantea preguntas sobre la coordinación entre los organismos. «El sistema de alertas no fue activado a tiempo, lo que podría haber afectado la rapidez de la intervención», señaló una fuente cercana al caso. Aun así, se destacó que la mujer no fue interceptada en el momento de la renovación del DNI, lo que resalta la necesidad de mecanismos más efectivos para detectar personas buscadas en trámites comunes. La investigación continúa en busca de nuevos elementos que aclaran cómo se produjo el acceso a la documentación.
El caso de Marta Noemí Mitrovich no solo plantea cuestionamientos sobre el funcionamiento del Renaper, sino también sobre la coordinación entre los distintos organismos responsables de la seguridad. Mientras se espera una resolución judicial, el conurbano sigue reflexionando sobre cómo evitar que situaciones similares afecten a otros ciudadanos en riesgo.
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