El crecimiento del yacimiento y la presión en las rutas

El desarrollo acelerado de Vaca Muerta en Neuquén ha convertido a la provincia en un motor económico clave, generando ingresos que superan el doble de lo que Argentina paga al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, este crecimiento trae consecuencias para las provincias aledañas, como La Pampa, donde el tránsito de camiones ha crecido en un 900% en las últimas décadas. El gobernador Sergio Ziliotto presentó un proyecto para cobrar una tasa vial a los vehículos pesados que trasladan arena hacia el yacimiento, en un intento de atender el deterioro de las rutas provinciales.

El proyecto de ley y su alcance

El proyecto, denominado «Tasa Vial», se enmarca en un esfuerzo por recaudar fondos para la conservación de las vías. Se aplica únicamente a camiones con cinco o más ejes, excluyendo a los que circulan en La Pampa y ya pagan el Impuesto Automotor local. Según datos de Vialidad Provincial, en la Ruta 13 la cantidad de camiones pasó de 17 en 2015 a 226 en 2026, un crecimiento del 998%. La mayoría de estos camiones transportan arena utilizada en Vaca Muerta, que proviene de Entre Ríos y recorre las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

El impacto en la infraestructura y la redistribución de recursos

La provincia sostiene que el tránsito excesivo ha dañado las rutas, obligando a camioneros a sortear rutas nacionales rotas y usar las provinciales, lo que acelera su deterioro. El proyecto prevé que los recursos recaudados vayan a un «Fondo de Desarrollo y Conservación Vial», con un 90% para el fondo provincial y el 10% restante repartido entre los municipios. La iniciativa busca equilibrar el costo de la infraestructura con los beneficios económicos derivados del yacimiento.

La propuesta de Ziliotto plantea un debate sobre la responsabilidad en la financiación de las rutas que conectan con Vaca Muerta. Aunque el proyecto no afecta a camiones pampeanos, su implementación podría generar tensiones con sectores que cuestionan la necesidad de un nuevo impuesto en un contexto de crisis económica. La discusión se enmarca en un desafío más amplio: cómo abordar el impacto de la actividad petrolera en la infraestructura y el desarrollo local.