El Ejecutivo implementó herramientas para garantizar la protección de la propiedad intelectual en semillas, mediante una resolución que establece protocolos de identificación varietal. La norma, firmada por la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas, establece que muestras obtenidas en el primer punto de entrega de grano serán analizadas para verificar la genética de las semillas.

Los cambios afectan especialmente variedades autógamas, como soja y trigo, permitiendo que actores privados, como acopios y cámaras arbitrales, realicen análisis bajo acuerdos con el Inase. En caso de uso ilegal de semillas protegidas, se activará una negociación directa entre productores y obtentores. Solo en conflictos no resueltos, el organismo intervendrá como instancia administrativa.

El gobierno destaca que la medida resuelve una falencia histórica: la dificultad para controlar el uso no autorizado de semillas y asegurar regalías. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, criticó la falta de protección efectiva, que generó un atraso tecnológico. Según su afirmación, «la escasa protección de los derechos de los obtentores desincentivó la llegada de nuevas variedades y provocó que empresas y desarrollos argentinos encontraran dificultades para competir globalmente».

La iniciativa busca equilibrar intereses entre productores y obtentores, mientras la adhesión a UPOV 91 y el diálogo con entidades rurales marcan un enfoque institucional para modernizar el sistema de semillas.