La iniciativa para incorporar biocombustibles a la matriz energética resurja tras más de una década de abandono, al punto de ser presentada por la senadora Patricia Bullrich. El tema, que había sido impulsado en los años 90 por un grupo de actores del sector rural, vuelve a protagonizar la agenda legislativa tras un periodo de desinterés.

El proceso se inició en una Expo del interior, donde un contador llamado Claudio Molina, con experiencia en una pequeña agroindustria, planteó la necesidad de convertir la idea en política. «Ponga un choclo en su tanque», fue el título de la primera nota sobre el tema, que marcó el arranque de un esfuerzo colectivo. Molina, junto a su equipo, incluyendo a Emiliano Huergo, un ingeniero industrial recién graduado, redactó un proyecto de ley que fue llevado al Congreso.

El apoyo clave llegó desde el senador Luis Falco, quien, aunque no pertenecía al sector agrícola, entendió la relevancia de la propuesta. La ley fue aprobada por el Senado con unanimidad, incluso por Cristina Kirchner, entonces senadora, y fue promulgada por el Ejecutivo, con la participación de Néstor Kirchner y su gabinete. El texto permitió el corte de la nafta con etanol y del gasoil con biodiesel, impulsando inversiones en el sector.

La ley 26093, sancionada en 2005, marcó un hito en la política energética, aunque su implementación enfrentó retos. Claudio Molina, quien luego continuó en el Ejecutivo, destacó el rol de las instituciones en la materialización de una idea que nació en el campo.

La ley de biocombustibles, aunque no logró el impacto esperado, simboliza la capacidad de los actores locales de influir en la política energética, siempre que cuenten con el respaldo institucional.