El Gobierno argentino se prepara para iniciar este jueves el debate en el Senado sobre una reforma polémica que busca redefinir la inviolabilidad de la propiedad privada. El proyecto, que pasó por una comisión en mayo, incluye modificaciones a la ley de expropiaciones y permite la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, algo que generó tensiones con aliados del oficialismo. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, fue ajustada en 13 versiones tras presión de bloques dialoguistas, lo que complica su aprobación.

La propuesta original contenía un protocolo de desalojo exprés, una herramienta que el oficialismo quería mantener, pero fue eliminada por presión de los aliados. En su lugar, se mantiene el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), un mecanismo que el oficialismo había pretendido derogar. Las diferencias centrales están en la desregulación de tierras rurales: el proyecto deroga los límites del 15% del territorio nacional para la compra extranjera, argumentando que cada provincia conserva la jurisdicción plena sobre su territorio. Este cambio, criticado por sectores que temen un aumento de la especulación, se sustenta en dos artículos de la Constitución.

El silencio de los bloques dialoguistas durante la semana previa al debate llamó la atención, especialmente tras su ausencia en declaraciones sobre puntos comunes o diferencias con la iniciativa. Patricia Bullrich, líder del bloque La Libertad Avanza, confía en alcanzar el quórum necesario para aprobar el proyecto, pero reconoce que el debate será «abierto» y depende de la negociación. La jefa del bloque, sin embargo, no descartó que haya más ajustes en el texto antes de su votación.

La reforma, que termina su debate este jueves, tiene implicaciones significativas en el ámbito rural. La flexibilización de las normas sobre tierras podría afectar a grandes propietarios y a inversores extranjeros, mientras que sectores sociales y ambientalistas alertan sobre riesgos de concentración de tierras y desplazamiento de comunidades. En tanto, el oficialismo busca aprovechar el control del Senado para avanzar en una agenda que prioriza la desregulación económica, aunque enfrenta desafíos internos y externos.

La aprobación del proyecto dependerá de acuerdos entre el oficialismo y los aliados, pero el debate refleja profundas divergencias sobre el uso de la tierra y el control estatal. La versión final podría definirse en las próximas horas, con impacto en el sector rural y en las políticas de propiedad en el país.