El gobierno nacional rechazó la posibilidad de una auditoría interna para analizar los gastos en tarjetas de crédito atribuidos al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien dejó la gestión en medio de un escándalo por supuestos casos de corrupción. La decisión se tomó días después de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, había anunciado que se evaluaban las irregularidades. «El tema está claramente en la Justicia, estas personas tienen que declarar», aseguró Ravier en su segunda conferencia de prensa desde su cargo.

Los gastos de Adorni, que incluyeron consumos por encima de su sueldo como funcionario público, sumaron unos 139 millones de pesos anuales durante sus dos años y medio en el cargo. La Justicia investiga estas transacciones como parte de un esquema que busca ocultar la titularidad real de los gastos, según el fiscal que lleva el caso. Laura Schiuma y Luis Aluju, otros miembros de la Jefatura de Gabinete, también son investigados por su posible participación en la maniobra.

Schiuma ya declaró como testigo y confesó que Adorni le devolvió el dinero en efectivo, un total de 2 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno negó tener mecanismos internos para analizar el caso, dejando la responsabilidad en la Justicia. «No hay un proceso aparte», reiteró Ravier, quien insistió en que las declaraciones deben realizarse en el marco judicial. Esta postura contrasta con el tono más abierto que había adoptado una semana atrás, cuando se hablaba de una «evaluación interna» en el Ejecutivo.

El caso Adorni se desencadenó tras revelaciones de gastos excesivos en tarjetas de crédito, que generaron una crisis institucional en el gobierno. La Cámara de Diputados ya había iniciado una investigación parlamentaria, pero el Ejecutivo rechazó la participación en el proceso. La tensión se agrava con la imposición de medidas como la detención de algunos implicados y la orden de que los involucrados declaren en la Justicia. Mientras, el caso avanza en los tribunales, donde se busca esclarecer el uso de los recursos públicos.

La negativa del Ejecutivo a una auditoría interna profundiza el debate sobre transparencia en el gasto público, mientras la Justicia continúa con su investigación. El caso Adorni sigue siendo un punto caliente en la política argentina, con impacto en la imagen institucional y la confianza pública.