El exdiputado nacional José Luis Espert rechazó declarar este martes en la causa en la que se lo acusa de presuntamente blanquear 200 mil dólares del empresario Federico «Fred» Machado, informaron fuentes judiciales. Al presentarse ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y el fiscal Fernando Domínguez, el economista entregó un escrito defendiendo la transferencia como parte de un contrato de asesoramiento real. La defensa aportó correos electrónicos que, según su postura, demuestran la existencia del acuerdo con la empresa de Machado, Minas del Pueblo, en Guatemala.

La investigación fiscal señala que la transferencia fue una forma de ocultar recursos obtenidos en actividades ilícitas. Machado, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y fraude en operaciones con aviones, alcanzó un acuerdo con la justicia estadounidense que lo exime de cargos por narcotráfico, aunque no por los delitos financieros. En la causa argentina, los fiscales sostienen que Espert utilizó esos fondos para comprar dos vehículos de alta gama y crear un fideicomiso en Costa Esmeralda, una localidad bonaerense de lujo.

Espert, quien fue defendido públicamente por el presidente Javier Milei, dejó su candidatura a diputado nacional de La Libertad Avanza tras este escándalo. La defensa de Espert pidió que se citen testigos y se tomen nuevas medidas, lo que podría prolongar el proceso judicial. Según fuentes judiciales, la fiscalía argumenta que el contrato con Machado fue una simulación para justificar el movimiento de dinero, lo que complica la posición del exdiputado.

El caso adquiere relevancia por su conexión con una red de lavado internacional y por el impacto en la política argentina. La defensa de Espert busca demostrar que la transferencia fue legal, pero la fiscalía insiste en que el dinero proviene de delitos en EE.UU. La audiencia continua en los próximos días, con la posibilidad de que el juez ordene nuevas indagatorias. La controversia refleja la complejidad de los casos que involucran redes de poder y crimen transnacional.

La postura de Espert y la acusación fiscal marcan un punto clave en la investigación, que podría tener implicaciones políticas y legales significativas. La defensa sigue insistiendo en la legalidad de la transferencia, mientras la fiscalía busca probar su conexión con actividades ilícitas. El caso sigue abierto y la audiencia posterior podría definir el rumbo del proceso.