La obra social OSPRERA, vinculada al sindicato de los trabajadores rurales y estibadores (UATRE), se convirtió en el centro de una investigación judicial que apunta a la desviación de fondos públicos. La Justicia investiga si durante la intervención temporal de la entidad, liderada por la gestión de Javier Milei, se cometieron delitos de corrupción. Los fiscales acusan que al menos 260 millones de pesos salieron de los recursos de la obra social para beneficiar a una empresa propiedad de Sergio Aguirre, socio formal del exjefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El caso se enmarca en una trama que incluye a Lule Menem, primo de Martín, y actual subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia. La Fiscalía sostiene que este último tuvo una injerencia clave en la designación de los interventores que firmaron y renovaron el contrato con la firma de Aguirre, HTech Innovation. Este acuerdo permitió a la empresa facturar más de 260 millones de pesos, según el dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, quien destacó la relación directa entre la empresa y la gestión presidencial.

El juez Sebastián Casanello, encargado de la instrucción del caso, ordenó la declaración indagatoria de Aguirre, que se realizará el 13 de agosto. Esta decisión surge tras el análisis del fiscal Marijuán, quien señaló que los interventores de OSPRERA coordinaron la transferencia de recursos con figuras vinculadas al entorno de Menem. La investigación se centra en el uso de cuentas bancarias de HTech Innovation, cuya inscripción en el Registro de Empresas se registró en abril de 2024, coincidiendo con la intervención de la obra social.

El escándalo refleja la complejidad de las redes de influencia en la política argentina. La obra social, creada para atender a miles de afiliados del sindicato, se convierte en un caso emblemático de corrupción financiera. La Fiscalía busca esclarecer si los actos se enmarcan en una cultura de desviación de recursos o en una estrategia para favorecer intereses particulares. La situación eleva la tensión en el gobierno, donde la gestión de Milei enfrenta críticas por su estilo de gestión y la posible participación de figuras cercanas a la vieja guardia política.

El caso OSPRERA pone en relieve la intersección entre el poder sindical y la política, revelando prácticas que podrían afectar la transparencia en el sector público. La declaración de Aguirre y el análisis de la Fiscalía marcan un hito en la investigación, pero la complejidad del caso deja abierta la posibilidad de ampliar la red de responsables. La situación agrega un nuevo capítulo al escándalo de corrupción que afecta al entorno de la gestión actual.