A pocos días de que el Gobierno adjudique la concesión de la Hidrovía por 25 años, el consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus negó la posibilidad de bajar las tarifas actuales, respondiendo a una propuesta de DEME que incluía una reducción del 17,4%. La tarifa mínima propuesta por el Estado es de 3,80 dólares por tonelada de registro neto, una baja del 13,5% respecto a los 4,30 dólares vigentes.

Jan de Nul fue preadjudicada por su mejor oferta técnica, pero DEME criticó la tarifa mínima como inadecuada, alargando la polémica. En su carta, el consorcio aclaró que la propuesta de DEME «está totalmente por fuera de los canales formales del proceso licitatorio» y se basa en «omisión del pago del IVA, falta de inversión y errores en el cómputo de ingresos».

Según Jan de Nul, DEME ignoró la liquidación del IVA, que en su cálculo alcanzaría 1.600 millones de dólares en 25 años, mientras que el rival incluyó solo 95 millones. También cuestionó el bajo nivel de inversiones propuesto por DEME, considerando que esto afectaría la calidad del mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.

La disputa entre los consorcios refleja la tensión entre reducir costos para usuarios y garantizar inversión suficiente para el mantenimiento de la vía. La decisión final del Gobierno determinará si se prioriza la competitividad en tarifas o el cumplimiento de estándares de infraestructura.