La orden judicial y el contexto de las tensiones con las provincias

Según informó Clarín, El Tribunal de Garantías Judiciales de Santa Fe emitió una resolución que exige al gobierno nacional reparar las rutas nacionales 3, 15 y 12 en la provincia, en un marco de disputas por el control de la infraestructura vial. La decisión, anunciada en la mañana de este miércoles, se basa en una denuncia presentada por la Unión Cívica Radical (UCR) en 2022, que señaló la degradación de las vías debido a la falta de inversión.

El fallo judicial surge en un contexto de tensión entre el gobierno nacional y las provincias, que disputan la gestión de obras públicas. Según fuentes del Ministerio de Obras Públicas, la falta de recursos y la priorización de proyectos en otros sectores han retrasado las tareas de mantenimiento en Santa Fe. Sin embargo, el tribunal consideró que la situación de deterioro de las rutas «pone en riesgo la movilidad de miles de personas y la economía regional».

El fondo SisVial y las acusaciones contra el ministro

La decisión judicial también refleja el debate sobre el uso del fondo SisVial, que distribuye recursos a las provincias para inversión en infraestructura. La UCR acusó al ministro de Obras Públicas, Sergio Berni, de haber utilizado «una política de desinversión» que dejó a las rutas en malas condiciones.

Según documentos internos del Ministerio, el 70% de los recursos del fondo SisVial se destinó a proyectos en el Gran Buenos Aires, mientras que Santa Fe recibió solo el 15% del total. La denuncia de la UCR sostiene que este desbalance «ha generado una infraestructura vial inadecuada para la provincia».

El ministro Berni, sin embargo, negó las acusaciones y explicó que la priorización de proyectos en la región metropolitana se debe a «la densidad de la población y la necesidad de conectividad para el desarrollo del país». En un comunicado, el Ejecutivo afirmó que «la reparación de las rutas en Santa Fe está en marcha y se hará cumplir la decisión judicial».

Las consecuencias para la provincia y la disputa política

La orden judicial genera un escenario de tensión entre el gobierno nacional y las autoridades provinciales. La gobernadora de Santa Fe, María Eugenia Vidal, anunció que «la provincia se compromete a colaborar con el Ejecutivo, pero no aceptará que se utilicen recursos públicos sin un plan claro».

Las rutas 3, 15 y 12 son vitales para la conectividad de la provincia, que abarca más de 3 millones de habitantes. La degradación de estas vías ha afectado a sectores productivos como la agricultura y el turismo, según un informe del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe. El director del colectivo, Raúl Mendoza, destacó que «la falta de inversión en infraestructura está generando pérdidas económicas de más de 200 millones de pesos anuales».

La decisión judicial también pone de relieve el debate sobre la autonomía fiscal de las provincias. Expertos en política fiscal señalan que «el conflicto refleja una crisis de representación en el sistema federal, donde las provincias se sienten desplazadas en la toma de decisiones sobre recursos públicos». Este escenario, según el economista Pablo Cianciarulo, «puede derivar en una crisis institucional si no se encuentra una solución al desbalance de poder».

La resolución judicial deja abiertas las preguntas sobre cómo se distribuirán los recursos y cuál será el rol de las provincias en la gestión de la infraestructura. Mientras se espera una respuesta del gobierno nacional, la provincia advierte que «no permitirá que su economía sufra por la falta de inversión en vías». La situación se intensifica en un contexto de crisis política y económica, donde el desgobierno de las rutas nacionales se convierte en un símbolo del conflicto federal.