¿Por qué se suspendió la ley?

La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Garantía de Lomas de Zamora, decidió suspender temporalmente la entrada en vigor del Régimen Penal Juvenil en toda la provincia. La decisión, tomada en el marco del juicio oral de un adolescente acusado de violencia, fue motivada por la falta de condiciones estructurales para aplicar la norma. «No hay infraestructura, personal ni recursos para atender a los adolescentes que la ley pretende incluir», sostuvo la magistrada en un comunicado.

La norma, promulgada en mayo del año pasado, busca transformar la atención a menores en conflictos con la ley, priorizando medidas alternativas como la mediación. Sin embargo, su implementación ha enfrentado críticas por la insuficiencia de centros especializados y la saturación de las instituciones existentes. Según datos del Ministerio de Justicia, solo el 35% de las provincias cuenta con espacio físico adecuado para recibir a adolescentes detenidos, mientras que el 60% carece de personal capacitado.

El contexto de una crisis institucional

La suspensión de la ley se produce en un contexto de auge de delitos menores y una red de centros de detención al límite. En Lomas de Zamara, las cárceles para menores han alcanzado una capacidad del 120%, según un informe del Colegio de Abogados local. «Estamos en una situación de colapso», aseguró el director del Instituto Provincial de Menores, quien alertó sobre la falta de programas de reinserción laboral y educativa.

El fallo de Pascual fue criticado por algunos sectores como una «interrupción de la justicia». El diputado provincial del Frente para la Victoria, Daniel Díaz, sostuvo que «la ley es necesaria, pero requiere inversión inmediata». En cambio, la Asociación de Abogados de Derecho Penal destacó que la decisión «refleja la urgencia de reformar el sistema de justicia juvenil, no su suspensión».

¿Qué pasará ahora?

La suspensión de la norma no se extiende a casos anteriores, lo que significa que las medidas ya aplicadas bajo el Régimen Penal Juvenil permanecen vigentes. Sin embargo, la juez autorizó un plazo de 60 días para que el gobierno provincial estudie alternativas. «Queremos un plan de acción concreto, no solo palabras», afirmó Pascual en una entrevista.

El gobierno bonaerense anunció que presentará un informe técnico en los próximos 30 días, pero críticos advierten que la falta de recursos dificulta la implementación. «No hay dinero para construir ni reubicar centros», señaló un funcionario del Ministerio de Justicia. La Asamblea Legislativa provincial también podría votar un proyecto de ley para financiar el plan, aunque el debate está en pausa tras la suspensión del régimen.

La lucha por una justicia más inclusiva

La decisión de Pascual ha generado un debate sobre el rol de los jueces en el diseño de políticas públicas. «La justicia no puede improvisar. Debe ser parte de la solución», dijo la presidenta de la Asociación de Magistrados de la provincia. Sin embargo, la jueza reconoció que «la ley no es suficiente si no hay infraestructura».

El caso de Lomas de Zamora no es aislado. En varias ciudades del conurbano, las cárceles para adolescentes han alcanzado su capacidad máxima, lo que ha llevado a que menores permanezcan en centros de detención para adultos. Esta situación ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre el impacto psicológico en los menores.

La suspensión del Régimen Penal Juvenil en Lomas de Zamora pone de relieve la urgencia de modernizar el sistema de justicia juvenil, pero también revela los desafíos estructurales que enfrenta el Estado provincial. Mientras se espera un plan de inversión, el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos de los menores seguirá siendo central en la agenda política.