¿Qué establece la reglamentación?

Según informó Clarín, La reglamentación del Régimen Penal Juvenil, publicada como Decreto 875/2026, detalla cómo se aplicará la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años. Este cambio, que entró en vigencia desde el sábado, redefine la responsabilidad de las autoridades y establece un marco para la intervención de menores en el sistema judicial. La norma también contempla la creación de un registro nacional de fiscalizadores que supervisarán la implementación del nuevo régimen, asegurando que se respeten los derechos de los adolescentes acusados de delitos.

Implementación y coordinación del nuevo régimen

El Ministerio de Justicia será el encargado de coordinar la aplicación de la nueva ley, que busca equilibrar la protección de menores y la aplicación de la justicia. Según el texto del decreto, los juzgados de menores deberán adaptar sus protocolos para incluir la edad de 14 años como límite para la imputabilidad. Además, se establecen criterios para la intervención psicosocial y la posibilidad de medidas alternativas al encarcelamiento, como centros de rehabilitación. La reglamentación también exige que las autoridades informen sobre el avance de la implementación a la Cámara de Diputados cada seis meses.

La medida fue anunciada en mayo pasado como parte de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso, que buscaba modernizar el sistema de justicia juvenil. Antes de la reforma, la edad mínima para ser imputable era de 16 años, lo que generaba críticas por considerarse desactualizado frente a la realidad social. Ahora, la norma busca proteger a menores de 14 años mientras garantiza que los delitos graves sean juzgados.

La implementación del nuevo régimen penal juvenil plantea desafíos en la coordinación entre las autoridades y en la formación de los fiscalizadores. Expertos advierten que la efectividad de la norma dependerá de la capacitación del personal y de la transparencia en el control de su aplicación. En tanto, la sociedad civil llama a monitorear el cumplimiento de la ley para evitar abusos en el tratamiento de menores en el sistema judicial.