El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que juzga a Cristina Kirchner y a su marido, Máximo, por asociación ilícita y lavado de dinero, tomó una decisión clave: apartó a un perito contable que retrasaba el informe de una pericia clave. La medida, tomada en diciembre de 2024, busca acelerar la preparación del juicio oral de los casos Hotesur y Los Sauces, dos empresas de la familia Kirchner investigadas por presuntos sobreprecios en contratos de alquiler. El informe debe entregarse antes de la audiencia preliminar programada para septiembre, donde se definirá el desarrollo del debate.

La pericia, solicitada por Cristina Kirchner y Lázaro Báez, se centra en la inmobiliaria Los Sauces, vinculada a una maniobra que, según el Ministerio Público Fiscal, implicó «simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario» para lavar 120 millones de pesos entre 2008 y 2015. A pesar de reiteradas apelaciones y dilaciones por parte de los acusados, la Corte Suprema rechazó en diciembre los argumentos de la ex vicepresidenta para evitar el debate oral, pero desde entonces el avance se ha diluido.

Las empresas Hotesur y Los Sauces, sin sedes comerciales, fueron el eje de una red de intereses que incluye a Lázaro Báez como inquilino en la inmobiliaria y administrador de los hoteles. La acusación lo vincula como una pieza clave para «devolver» a los ex presidentes parte del dinero obtenido en licitaciones públicas cuestionadas en el caso Vialidad. Estas empresas, según el fiscal, funcionaron como un vehículo para ocultar sobreprecios en obras que beneficiaron a la familia Kirchner.

La decisión de apartar al perito responde a un retraso que ha impedido la formalización del juicio. El expediente, complejo por su naturaleza contable y financiera, requiere una evaluación rigurosa de los contratos de alquiler y las operaciones de las empresas. La Corte Suprema, al designar nuevos peritos, busca garantizar que la evidencia sea suficiente para abrir el debate oral, un paso fundamental para avanzar en la causa.

La medida reforzará la agenda judicial en el caso, que sigue siendo uno de los más complejos por su alcance financiero y político. La entrega del informe antes de septiembre marcará un hito en la formalización del juicio, aunque el retraso evidencia los desafíos de un proceso que involucra millones de pesos y una red de intereses interconectados.