El Tribunal de Justicia de Italia confirmó que una escuela secundaria del Véneto actuó correctamente al no promover a una estudiante por su conducta y desempeño académico. La decisión, tomada tras un conflicto familiar, resalta cómo las instituciones educativas aplican normas sobre evaluaciones y comportamiento. La menor, de 14 años, cursaba el primer año de secundaria y obtuvo calificaciones insuficientes en cinco materias, incluyendo una nota de conducta de 5 sobre 10, según la normativa italiana. La madre recurrió en varias instancias, afirmando que un diagnóstico de misofonía —un trastorno que provoca reacciones intensas a ciertos sonidos— afectó el comportamiento en clase y necesitaba medidas de inclusión.

El conflicto inició tras el cierre del ciclo escolar 2024/2025, cuando la familia impugnó la decisión del colegio. El Tribunal Administrativo del Véneto y el Consejo de Estado coincidieron en que la institución respetó los procedimientos legales. La escuela había advertido previamente a la familia sobre el desempeño de la estudiante, lo cual fue clave para el fallo final. En septiembre de 2025, el consejo escolar revisó el caso y ratificó la repetición, aunque la decisión fue cuestionada nuevamente en tribunales.

La defensa de la familia se basó en un informe médico del 30 de junio de 2025, que señalaba la presencia de misofonía. Sin embargo, los jueces consideraron que el trastorno no justificaba la no promoción, ya que la institución ya había implementado protocolos para abordar conductas problemáticas. La familia sostenía que el colegio no evaluó correctamente el impacto de la condición de la menor, pero los tribunales destacaron que la normativa italiana prioriza el cumplimiento de estándares académicos y conductuales.

El caso refleja tensiones entre derecho educativo y salud mental. Aunque la misofonía es un trastorno reconocido, su aplicación en el ámbito escolar sigue siendo un debate. La resolución judicial subraya la necesidad de que las instituciones equilibren la evaluación académica con la atención a necesidades específicas, sin abandonar la normativa vigente. La familia, sin embargo, podría apelar a instancias superiores, lo que abre espacio para un análisis más amplio sobre cómo se abordan estas situaciones en el sistema educativo italiano.

El fallo reafirma la importancia de los procesos educativos estandarizados, aunque deja abierta la posibilidad de revisiones. La atención a la salud mental en el aula sigue siendo un tema pendiente en muchos sistemas escolares.