El conflicto judicial y la decisión de la Cámara

La norma, que reduce la edad de imputabilidad de adolescentes de 16 a 14 años, fue suspendida en febrero por la juez Marta Pascual, quien argumentó que los centros socioeducativos no estaban preparados para asumir la carga del sistema. La medida, considerada una «protección temporal», generó controversia entre la Fiscalía General Departamental y el Poder Judicial. La Sala I de la Cámara de Apelación, al revisar el caso, concluyó que la suspensión no tenía base legal y que la norma debía aplicarse de inmediato. La decisión, emitida el viernes pasado, fue respaldada por el Ministerio de Justicia, que destacó la importancia de «respetar el marco constitucional y legal vigente».

El impacto en el sistema socioeducativo

El Régimen Penal Juvenil, aprobado en 2023, busca abordar casos de violencia y delincuencia juvenil con enfoques de reinserción. Sin embargo, su implementación ha enfrentado obstáculos. La juez Pascual señaló que los centros socioeducativos, que albergan a más de 3.000 adolescentes en el conurbano, carecen de recursos, personal calificado y infraestructura adecuada. «La suspensión no es una medida de censura, sino una exigencia para garantizar la calidad del sistema», argumentó en su fallo. La Cámara, al revocar la medida, admitió que «la justicia no puede suspender una norma de protección social si no existe un marco institucional para su cumplimiento».

La lucha por la aplicación de la norma

La Fiscalía General Departamental había insistido en la necesidad de implementar la ley, argumentando que la edad de imputabilidad es un derecho fundamental. «No se puede esperar a que los centros estén perfectos para actuar», sostuvo el fiscal regional. Por su parte, el Ministerio de Justicia anunció que trabajará con organismos de la sociedad civil para «fortalecer la infraestructura de los centros socioeducativos» y facilitar la transición. La Cámara, en su fallo, exhortó a las autoridades a «establecer un plan de acción urgente» para garantizar la aplicación del régimen sin «retrasos innecesarios».

Reacciones del sector educativo y comunitario

La decisión generó una respuesta dividida en la comunidad. Organizaciones que defienden el enfoque de reinserción, como la Asociación de Centros Socioeducativos del Conurbano, expresaron su preocupación por la carga que implica la norma. «No se puede esperar a que los centros estén listos: la edad de imputabilidad debe ser un derecho, no un privilegio», afirmó la presidenta de la entidad, María José Fernández. Por otro lado, grupos que promueven la seguridad ciudadana respaldaron la decisión, argumentando que «la juventud violente no puede ser excusada por la falta de infraestructura». La comunidad educativa también se mostró dividida, con algunos docentes destacando la importancia de «preparar a los adolescentes para la responsabilidad social».

¿Qué viene después?

La aplicación del Régimen Penal Juvenil se espera para el primer trimestre del año, aunque la Cámara exhortó a las autoridades a «revisar el marco institucional» antes de su implementación. El Ministerio de Justicia anunció que realizará una serie de talleres con organismos públicos y privados para «fortalecer la capacidad de los centros socioeducativos». En tanto, el Poder Judicial se comprometió a «monitorar la ejecución de la norma» y resolver eventualmente los conflictos que surjan. La decisión no solo afecta al conurbano, sino que también podría influir en la discusión nacional sobre la edad de imputabilidad y la protección de los adolescentes en el sistema penitenciario.

La revocación de la suspensión del Régimen Penal Juvenil marca un hito en la lucha por la aplicación de una norma que busca equilibrar la seguridad y la reinserción social. Aunque el camino hacia su implementación sigue siendo complejo, la decisión pone en marcha un proceso que, si se gestiona con responsabilidad, podría transformar el enfoque de la justicia en casos de delincuencia juvenil. La próxima etapa dependerá del compromiso de los organismos públicos y la sociedad civil para garantizar que la norma no se convierta en una promesa incumplida.