Un golpe que abrió la puerta a un control político sobre la educación

El 28 de junio de 1966, el general Juan Carlos Onganía, tras un proceso de conspiración dentro del Ejército, desalojó al presidente Arturo Illia y puso en marcha una reforma educativa que marcó el inicio de una larga crisis institucional. La decisión de despojar a las universidades de su autonomía fue una medida clave en el marco de una campaña de control de la sociedad por parte del régimen militar. «La Academia debería tributar al poder político», sentenció Onganía, al justificar el decreto ley 16.912, que derogó las normas que garantizaban la independencia universitaria.

Un modelo de autoridad totalitaria que fracturó la educación

La medida de Onganía no fue una excepción, sino la culminación de un proyecto político que desde los años cincuenta había ido consolidando una relación de dependencia entre el Estado y el sistema educativo. El anticomunismo, entonces una ideología dominante en el gobierno, acusó a las universidades de ser nidos de ideas «de izquierda» que amenazaban la estabilidad del país. La represión se tradujo en la expulsión de docentes, la censura de investigaciones y la cooptación de directivos. El rector de la Universidad de Buenos Aires, Hilario Fernández Long, fue una de las figuras más afectadas: su institución, con más de 70 mil alumnos, se vio obligada a cumplir órdenes del Ejecutivo sin espacio para autonomía.

Legado de un autoritarismo que marcó décadas

Los efectos de la medida se extendieron durante décadas, moldeando una cultura de dependencia y represión en las instituciones educativas. La destrucción de la autonomía universitaria no solo limitó la capacidad de crítica y pensamiento independiente, sino que también debilitó la formación de una élite intelectual capaz de generar alternativas al sistema político. Hoy, el debate sobre la independencia de la educación sigue siendo relevante, especialmente frente a los desafíos de la gestión de crisis económicas y sociales. La memoria de este episodio sigue vigente en las discusiones sobre cómo el Estado debe intervenir en la formación de los ciudadanos.

El decreto 16.912 no solo transformó la estructura del sistema educativo argentino, sino que también dejó una herencia de control institucional que persiste en los debates actuales. La relación entre poder político y educación sigue siendo un eje clave en la construcción de políticas públicas.