La Rioja reactivó un reclamo territorial hacia San Juan, con miras a redefinir límites que afectan un megaminería en el noroeste sanjuanino. El gobernador provincial, Ricardo Quintela, promulgó la Ley N° 10.876, que busca declarar nula la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 para fijar los límites interprovinciales. La norma, avalada por la mayoría peronista de la Legislatura riojana, se basa en la crítica al proceso de delimitación unilateral y sin participación del Congreso, según explicó Quintela.

El conflicto, que remonta a décadas, gira en torno a unos 2.600 kilómetros cuadrados cedidos por La Rioja a San Juan en 1967. Aunque el acuerdo fue formalizado en esa época, la provincia riojana lo rechazó históricamente por considerarlo ilegítimo. «La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta», declaró Quintela, quien vinculó la iniciativa a «acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano». La medida busca reabrir el debate, incluso pese al rechazo del gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, quien sostuvo que el tema no debería afectar la gestión del proyecto minero.

El desacuerdo entre las provincias se profundiza en el contexto de intereses económicos. San Juan, con el apoyo del gobierno nacional, impulsó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que facilita el desarrollo minero. El megaminería en cuestión, que podría generar empleo y divisas, se ubica en una zona que ambas provincias disputan. Orrego, miembro del Partido Justicialista pero cercano al gobierno de Javier Milei, se posicionó contra el reclamo riojano, argumentando que la cuestión territorial no debe ser prioridad en un momento de «construcción de desarrollo».

La iniciativa de Quintela no solo revive antiguos debates, sino que también refleja un debate interno dentro del peronismo. Mientras el gobernador riojano se alinea con Cristina Kirchner, Orrego mantiene un vínculo con el gobierno actual, lo que agrega complejidad a la discusión. La situación podría derivar en un desafío legal, ya que la Ley Nacional 18.004, cuestionada desde su aprobación, ha sido históricamente rechazada por La Rioja. El impacto en el megaminería depende del criterio judicial y de la capacidad de ambas provincias para negociar un acuerdo.

El conflicto territorial podría afectar la implementación del megaminería, ya que la definición de límites es clave para la logística de transporte de cargas. La situación se complica al enfrentar intereses políticos y económicos, lo que eleva la incertidumbre sobre el futuro del proyecto.