El martes 29 de julio, en la sede del Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, se reunió una amplia representación de gremios y políticos para abordar el proyecto de resolución que busca proteger el Instituto de Previsión Social (IPS). El encuentro fue convocado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense y contó con la participación de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), el Sindicato de Trabajadores Municipales (STMLZ), la CICOP y concejalas de Fuerza Patria. El objetivo es impulsar el debate del proyecto en la Sesión Ordinaria del Concejo, prevista para el 30 de julio.

Los gremios sostienen que la reforma previsional promovida por el gobierno nacional pone en riesgo las cajas provinciales no transferidas, especialmente el IPS, que garantiza el derecho jubilatorio a cientos de miles de trabajadores bonaerenses. «Defender el IPS es defender los derechos de docentes, judiciales y municipales. Es un sistema que reconoce el desgaste laboral y garantiza una jubilación digna», destacaron las organizaciones. El proyecto rechaza cualquier medida que eleve la edad jubilatoria, aumente los años de aportes o elimine regímenes especiales conquistados históricamente.

La postura de los sindicalistas resalta la importancia del sistema público y solidario, con el carácter autónomo del IPS como clave para su sostenibilidad. «Los intentos de reforma nacional ignoran las realidades locales y ponen en peligro décadas de lucha sindical», señaló la Suteba Lomas. El respaldo de los concejales de Fuerza Patria, incluido el presidente del Concejo Diego Cordera, refuerza la alianza entre la política y los gremios. Este tipo de movilizaciones reflejan la preocupación de la comunidad por evitar que los derechos adquiridos se erosionen.

El contexto local se intensifica con el debate sobre la privatización de cajas previsionales, un tema que ha generado tensiones en el conurbano. En Lomas de Zamora, donde el IPS es vital para el sector público y los trabajadores municipales, el rechazo a la reforma adquiere un peso específico. Las organizaciones reclaman una defensa del sistema público, unido al respaldo de las instituciones locales para garantizar la estabilidad de los derechos adquiridos.

El debate del 30 de julio podría marcar un hito en la lucha por la protección del IPS, un organismo que, según los sindicalistas, es fruto de la organización colectiva. La alianza entre gremios y políticos pone de relieve la importancia de la participación ciudadana en la defensa de los derechos laborales en el conurbano.