El caso que conmocionó a Banfield se desató el 21 de febrero de 2025, cuando un policía de civil, Thomas Valentín Zalazar, fue interceptado en la intersección de Godoy Cruz y Estrada por un adolescente que intentaba robarle la moto. Según la investigación, el joven armado llamó al policía desde una aplicación de viajes, generando un enfrentamiento en el que Zalazar disparó, matando a dos adolescentes: Samir Sebastián Carballo, de 14 años, y Federico Naim Jalil, de 18. El fiscal Verónica Pérez presentó una propuesta de juicio abreviado para condenar al policía a 3 años de prisión condicional por «exceso en la legítima defensa», pero la familia de Federico rechazó la oferta, lo que obligó al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 a fijar una fecha para un juicio oral y público.

El conflicto se intensificó tras revelarse que el primer adolescente, Samir, estaba armado y habría sido quien alertó a Zalazar sobre el robo. En el lugar, también se encontraba Federico, inicialmente señalado como partícipe del delito. Según fuentes del caso, el policía se alejó unos metros, le dio la voz de alto y disparó cuando el adolescente intentó acercarse. «Cuando el policía le llegó a dar el casco, le mostró un arma. Él la sacó y les disparó», detalló una fuente. La versión policial afirma que el disparo fue para proteger su vida, pero la familia de uno de los fallecidos cuestiona la proporcionalidad de la respuesta.

La propuesta de la fiscal se basó en evitar un juicio oral, que podría haber llevado a una pena más alta. Sin embargo, el rechazo familiar generó tensiones en el sistema judicial. El TOC 7 ahora debe resolver si acuerda un acuerdo con la defensa o avanza hacia un proceso más largo. La comunidad de Banfield, que ya vive bajo la mirada crítica de los abusos policiales, espera que el caso sirva para abordar el uso excesivo de la fuerza y la responsabilidad en situaciones de conflicto.

La muerte de los dos adolescentes ha dejado un impacto profundo en la zona. Familiares y vecinos denuncian la falta de transparencia en la investigación y piden que se hagan públicos todos los detalles del caso. Mientras tanto, Zalazar sigue en libertad, lo que alimenta críticas sobre la imparcialidad del sistema. El juicio oral, que se espera para el próximo mes, podría ser el punto de inflexión en una disputa que ya ha generado debates en redes y en las calles del conurbano.

El juicio oral, programado para el mes próximo, podría decidir el destino del policía y el futuro de una comunidad que busca justicia y transparencia. La muerte de los adolescentes ha reavivado discusiones sobre el uso de la fuerza policial en el área, mientras las familias luchan por un cierre al caso.