El ajuste más drástico del Estado

La gestión de Javier Milei aceleró un recorte sin precedentes en el sector público, según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Entre enero y noviembre de 2024, se despidieron 71.661 empleados estatales, un promedio de 72 cesantías diarias. Este recorte, que equivale al 21% de la planta total del Sector Público Nacional (SPN), pone en jaque la capacidad operativa de organismos clave y la prestación de servicios básicos. La medida, impulsada por la agenda de austeridad del gobierno, deja al descubierto una crisis institucional que impacta directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Las empresas públicas más golpeadas

El impacto más intenso se concentró en las sociedades del Estado y firmas con participación estatal. El Correo Argentino lideró el listado con 5.578 despidos, seguido por la Operadora Ferroviaria (4.203) y el Banco Nación (2.363). Aerolíneas Argentinas también sufrió severamente, con 1.990 puestos eliminados. Sin embargo, al medir el recorte porcentual, la ex agencia Télam fue la más afectada, con la eliminación del 79% de su personal. Esta sangría refleja una estrategia de reducir costos, pero también pone en riesgo servicios esenciales como el correo, el transporte ferroviario y el financiamiento de proyectos públicos.

El vaciamiento en áreas sensibles

La Administración Pública Nacional no escapó al ajuste. La Agencia de Regulación y Control Agrario (ARCA) perdió 3.427 empleados, mientras que ANSES y el CONICET sufrieron 2.982 y 2.057 despidos, respectivamente. Estos cierres afectan directamente a programas de salud, educación y ciencia. En el ámbito descentralizado, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales redujo su plantel en un 62%, lo que compromete la implementación de políticas sociales en distritos como San Miguel, Berisso y otros del conurbano. La falta de personal en áreas clave deja sin atención a comunidades que dependen de servicios públicos básicos, como el transporte escolar o la asistencia médica.

Consecuencias en el conurbano y comunidades vulnerables

El ajuste del Estado tiene un impacto inmediato en barrios del conurbano bonaerense, donde servicios como el transporte público y la atención social son esenciales. En San Martín, por ejemplo, la reducción de personal en la Operadora Ferroviaria afectó a miles de usuarios que dependen de la línea 102. En áreas como La Matanza, la falta de personal en organismos descentralizados deja sin respuestas a solicitudes de asistencia social. Además, la disminución de empleos en empresas como el Banco Nación y la Comisión Federal de Energía genera incertidumbre en sectores que dependen de contrataciones estatales. Este vaciamiento institucional no solo afecta a trabajadores, sino también a familias que dependen de estos servicios para su subsistencia.

¿Qué sigue después del ajuste?

La escalada de despidos ha generado tensiones en instituciones que se ven obligadas a reorganizar sus funciones. La ANSES, por ejemplo, enfrenta el reto de mantener atención a pensionados sin suficiente personal, lo que podría llevar a largas colas en oficinas de atención. En el ámbito local, intendentes y jefes de gobiernos comienzan a presionar al gobierno nacional para que reasigne recursos o alivie el impacto. Sin embargo, el gobierno mantiene su línea de austeridad, lo que deja a miles de empleados públicos en una situación de inestabilidad laboral. El desafío ahora es cómo mitigar el daño a comunidades que ya viven con escasez de servicios, sin que se pierda la capacidad institucional del Estado.

El recorte de 71.661 empleados públicos deja al descubierto una crisis estructural en el Estado, con impactos directos en comunidades del conurbano. La falta de personal en organismos clave pone en riesgo servicios esenciales, mientras que la estrategia de austeridad genera incertidumbre laboral. La respuesta institucional será clave para evitar que el ajuste se convierta en una brecha más en el acceso a la educación, la salud y la seguridad social.