La crítica del ministro Kreplak

Según informó nacional-inconstitucional_123456.html» rel=»noopener noreferrer nofollow» target=»_blank»>Clarín, Nicolás Kreplak, titular de Salud de la provincia de Buenos Aires, afirmó que el decreto nacional publicado en el Boletín Oficial el viernes pasado «es inconstitucional» en la jurisdicción provincial. En declaraciones a medios, el funcionario explicó que la norma, que permite cobrar a ciudadanos extranjeros por procedimientos no urgentes, viola el principio de igualdad y el derecho a la salud, garantizado por la Constitución de la provincia. «Estamos frente a una medida que no solo atenta contra los derechos de los pacientes, sino que también genera desigualdades en el acceso a la atención médica», sostuvo.

El ministro citó específicamente el artículo 13 de la Constitución provincial, que establece que «la salud es un derecho fundamental y un deber social, garantizado por el Estado, sin discriminación de ningún género». Para Kreplak, la norma nacional no solo ignora este marco legal, sino que también pone en riesgo el sistema de salud local al priorizar a ciertos pacientes sobre otros. «Esta decisión no solo es injusta, sino que también podría generar un precedente peligroso para el sistema público», agregó.

Antecedentes del decreto nacional

El decreto en cuestión fue aprobado en 2023 y se enmarca en una política de «control de gastos públicos» que busca optimizar los recursos del sistema de salud nacional. Según el gobierno de Mauricio Macri, la medida busca evitar que ciudadanos extranjeros con seguro privado utilizen servicios públicos de forma masiva, lo que, según el Ejecutivo, genera un desbalance en la financiación del sistema. El texto legal establece que los pacientes internacionales podrán acceder a servicios no urgentes (como análisis de sangre o consultas generales) solo si cumplen con ciertos criterios de prioridad.

Sin embargo, críticos como Kreplak argumentan que la norma no considera la realidad de la provincia de Buenos Aires, donde el sistema de salud enfrenta una alta demanda y una infraestructura limitada. «La provincia no tiene la capacidad de atender a todos los pacientes, pero no es justificable priorizar a un grupo específico por su origen», señaló. La norma fue publicada en el Boletín Oficial tras un debate en el Consejo Federal de Salud, donde distintos gobiernos provinciales expresaron reservas sobre su impacto en la equidad sanitaria.

Reacciones institucionales

Mientras el ministro Kreplak denuncia la inconstitucionalidad de la norma, el Ministerio de Salud de la Nación respondió que el decreto «solo se aplica a pacientes internacionales que no estén registrados en el sistema público de salud». Según un comunicado del Ejecutivo, «la medida busca garantizar la equidad en el acceso a los servicios y evitar que recursos se utilicen de forma no planificada».

Además, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en diciembre pasado una ley que limita el acceso a ciertos servicios médicos para ciudadanos extranjeros, lo que ha generado tensiones con gobiernos provinciales. En Buenos Aires, la oposición al decreto se ha manifestado especialmente entre sindicatos de profesionales de la salud, quienes argumentan que la norma pone en riesgo la calidad de los servicios. «Esta medida no solo penaliza a pacientes extranjeros, sino que también afecta a los ciudadanos argentinos que dependen de la atención pública», dijo el presidente del Sindicato de Enfermeros, Carlos Fernández.

Impacto en la atención médica

La norma ha generado un debate público sobre el acceso a la salud y la equidad en los sistemas sanitarios. En Buenos Aires, donde el sistema público enfrenta una alta carga de trabajo, los médicos y enfermeros han expresado preocupación por la posible reducción de la capacidad de atención. Un informe de la Universidad de Buenos Aires indica que, en el 2022, el 15% de las consultas en centros públicos fueron atendidas por pacientes internacionales, lo que representó un gasto adicional de más de 100 millones de pesos.

Sin embargo, críticos del decreto argumentan que el problema no es la existencia de pacientes extranjeros, sino la falta de inversión en el sistema público. «El gobierno federal no ha resuelto la crisis de infraestructura y personal, y ahora busca resolverla penalizando a un grupo específico», dijo el economista Pablo Martínez. Por otro lado, algunos expertos defienden la norma como una medida necesaria para evitar la sobrecarga del sistema, especialmente en momentos de crisis sanitaria.

La controversia sobre el decreto nacional refleja la complejidad de equilibrar el acceso a la salud con la gestión de recursos públicos. Mientras el gobierno de Buenos Aires aboga por una aplicación más equitativa de la norma, el Ejecutivo nacional insiste en su necesidad para «proteger la sostenibilidad del sistema». La situación podría derivar en un conflicto legal si el ministro Kreplak logra presentar una acción constitucional contra la medida, algo que podría definir la relación entre la provincia y el gobierno federal en materia de salud.