Isaías Barrera, de 20 años, murió el lunes tras ser alcanzado por llamas en la vivienda donde vivía en la localidad cordobesa de Marcos Juárez. El joven, con el 95% de su cuerpo quemado, falleció tras dos días de internación en el Instituto del Quemado de Córdoba. La familia del fallecido sostiene que su pareja lo roció con combustible antes de prenderle fuego, una versión que los allegados rechazan y califican como un acto de violencia.

El incidente ocurrió en la calle Zeballos al 1200, donde Barrera, según testimonios, se encontraba limpiando una motocicleta. De un momento a otro, el joven terminó prendido en llamas. La escena quedó registrada por la cámara de seguridad de una casa vecina, que captó el momento en que el joven corría desesperado mientras el fuego le causaba graves heridas. Una vecina logró apagar las llamas lanzándole una frazada, aunque las heridas fueron tan profundas que el joven no sobrevivió.

Los vecinos alertados por la situación acudieron en ayuda, pero la versión inicial de la pareja de Barrera señaló que el incendio pudo haber sido accidental. Según declaró la mujer, el hecho podría haber ocurrido mientras el joven manipulaba una motocicleta. Sin embargo, allegados y familiares del fallecido rechazaron esa explicación. Un vecino aseguró haber visto cómo la pareja le arrojaba un bidón con combustible justo cuando Barrera intentaba encender un cigarrillo. Esta denuncia se suma a otros tres casos de violencia previos, según lo revelaron los familiares durante una marcha reclamando Justicia.

La Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez investiga el caso, que fue caratulado inicialmente como lesiones graves antes de confirmarse el deceso. Las cámaras de seguridad y los testimonios de testigos son clave para esclarecer el origen del incendio. Fuentes judiciales confirmaron que Barrera también estaba judicializado por un presunto caso de violencia familiar, aunque los detalles no trascendieron. La familia insiste en que la pareja nunca fue sancionada por las denuncias anteriores, lo que complica la investigación y genera más tensión en la comunidad local.

La investigación judicial continúa bajo la dirección de la Fiscalía de Instrucción, mientras la comunidad exige claridad sobre los hechos y la aplicación de medidas legales. La marcha por Justicia refleja el impacto emocional y social de la tragedia, que sigue sin resolver.