La Policía Bonaerense, junto al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Fiscalía de Cibercrimen de San Isidro, desbarató una red dedicada a la venta de TV Boxes adulterados. En el operativo, se incautaron 10.000 dispositivos que operaban con malware, un software diseñado para comprometer la seguridad de usuarios y recolectar datos personales. Ocho personas fueron identificadas como parte de la organización, que importaba y distribuía los artefactos desde China y Paraguay.

Las pesquisas revelaron que los TV Boxes ilegales se comercializaban mediante más de 500 comerciantes en la región. Algunos de ellos usaban aplicaciones de streaming pirata como Magis TV o Xuper TV, mientras que otros se vendían en plataformas digitales. La colaboración de LALIGA y Mercado Libre permitió vincular datos de usuarios con registros físicos, facilitando la identificación de los vendedores. Se calcula que en la Argentina hay un millón y medio de unidades ilegales, aunque solo una minoría pasa por canales declarados ante la aduana.

La Fiscalía destacó que los dispositivos tenían un valor estimado de 50 dólares cada uno, lo que suma alrededor de 500 mil dólares en el mercado negro. Sin embargo, el impacto real se mide en usuarios: se estiman 8 millones de personas pagas que usan estos dispositivos, con un potencial de hasta 20 millones en la región. La Asociación Argentina de TIC, Video y Conectividad (ATVC) respaldó la operación, señalando que la piratería «compromete la infraestructura digital del país».

El caso resalta la complejidad de la lucha contra la piratería, que no solo implica el secuestro de bienes, sino también la protección de datos y el fortalecimiento de la regulación digital. La Fiscalía confirmó que las indagaciones continúan para identificar más actores y cerrar las redes de distribución. La colaboración entre organismos públicos y plataformas privadas se convierte en una estrategia clave para reducir el daño económico y tecnológico en la región.

La incautación de 10 mil dispositivos y la identificación de ocho personas marcan un avance en la lucha contra la piratería, pero los datos revelan que el problema afecta a millones de usuarios y genera pérdidas millonarias. La operación subraya la importancia de la cooperación entre instituciones y sectores privados para abordar una crisis que trasciende la legalidad.