El juez Alberto Lugones dio un nuevo impulso al «blindaje judicial» de los acusados en la causa de la mansión de Pilar, al integrar a su secretaria letrada, María Pérez Cárrega, en la terna para cubrir la vacante del Juzgado Penal Económico N° 10. Esta decisión, que fue aprobada este mes, levanta interrogantes sobre el proceso de selección, que se extendió más de tres años desde su convocatoria en 2019.

El concurso 430, abierto en 2019, tuvo un desarrollo inusualmente lento. La primera orden de mérito se publicó en diciembre de 2020, pero las entrevistas personales solo se realizaron en septiembre de 2022. Meses después, la Comisión de Selección presentó la propuesta definitiva, que finalmente fue ratificada por el Consejo de la Magistratura. Pérez Cárrega, que en el primer orden de mérito ocupaba el puesto 12 con 150,20 puntos, pasó a formar parte de la terna oficial, lo que llama la atención por su vínculo directo con el juez que dirige el expediente.

La causa de la mansión de Pilar, clave para el caso contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, ahora se tramita en el juzgado 10, que está subrogado por la jueza Verónica Straccia desde la semana pasada. Este fuero es el que resolvió la Cámara Nacional en lo Penal Económico, tras un debate sobre la competencia del caso. Cuando se elija al nuevo juez, Straccia dejará el cargo, lo que añade tensión al proceso, ya que su intervención en la investigación ha sido central.

El largo desarrollo del concurso 430 ha generado críticas dentro del Poder Judicial, al considerar que el proceso fue manipulado para favorecer a figuras cercanas a los acusados. En tanto, la designación de Pérez Cárrega, quien colabora directamente con Lugones, se enmarca en un esfuerzo por garantizar la continuidad de la causa en un juzgado que puede ser clave para el desenrollo del caso.

La decisión refuerza la idea de que el sistema judicial está siendo usado como herramienta para proteger a los acusados, lo que podría afectar la imparcialidad del proceso. La nueva designación deja abierta la pregunta sobre si el concurso fue manipulado para asegurar la continuidad de la investigación en un juzgado estratégico.