El 26 de agosto comienza la pericia técnica sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que se convirtieron en pieza central del caso judicial contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, el análisis busca esclarecer si los grabados, publicados en agosto de 2025, contienen información veraz sobre un esquema de sobornos que involucra a funcionarios, empresarios y referentes cercanos al presidente Javier Milei.

Qué revelan los audios y la magnitud de la investigación

Los audios, publicados inicialmente en medios, muestran conversaciones que describen un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos e insumos ortopédicos. «Me están desfalcando la Agencia (…) tiene que recaudar de los medicamentos y lo sube arriba», dice una grabación, mientras se menciona la participación de la droguería Suizo Argentina, al que se le atribuyen operaciones de intermediación. Otros fragmentos detallan la asignación de porcentajes entre actores del entramado, incluyendo referentes de la Presidencia y la funcionaria Karina Lescano.

La Fiscalía, a cargo del fiscal Franco Picardi, estimó que el circuito de sobornos movilizó más de 30.000 millones de pesos en la primera instancia, mientras que una segunda investigación identificó otros 75.000 millones de pesos en compras irregulares y sobreprecios. El esquema, según los documentos, implicó la redistribución de coimas entre partidos políticos, empresarios y actores del ámbito público, con alcance nacional.

La defensa demanda validación técnica de los audios

La defensa de los dueños de la droguería Suizo Argentina, en manos del abogado Martín Magram, solicitó la realización de una pericia que demuestre la autenticidad de los audios, que según el abogado «no son verdaderos». En un comunicado, Magram sostuvo que «los grabados fueron manipulados y falseados» para «desviar la atención de actos ilícitos no relacionados con los audios». Por su parte, la defensa de Spagnuolo, que desde el inicio negó la veracidad de los grabados, insistió en que «no hay pruebas suficientes para incriminar a nadie» y pidió la intervención de peritos especializados.

El juez de la causa, Pablo Fuentes, autorizó la pericia pero mantuvo bajo secreto las grabaciones hasta que se resuelva el debate judicial. «La veracidad de los audios es clave para el desarrollo de la investigación», destacó en un comunicado. La decisión refleja el delicado equilibrio entre la necesidad de esclarecer el caso y proteger la integridad de los datos probatorios.

El contexto del caso ANDIS y su impacto político

ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, fue un organismo estatal con competencia en la provisión de medicamentos y apoyos a personas con discapacidad. A cargo del exabogado del presidente, el entramado fue acusado de funcionar como un mecanismo de desvío de recursos públicos. La investigación reveló que, en lugar de comprar insumos directamente, se generaba un circuito de intermediarios que cobraban comisiones por la entrega de bienes.

El caso, que ya involucró a más de 30 personas, fue ampliamente criticado por su relevancia para la transparencia en la gestión pública. A pesar de los esfuerzos de la Justicia, la complejidad del entramado y la falta de pruebas irrefutables han generado controversia. «La sociedad espera que se resuelva con rigor, sin que se usen herramientas que puedan afectar la imparcialidad», sostuvo un sector del Colegio de Abogados de Buenos Aires.

El inicio de la pericia técnica marca un punto crucial en la investigación, cuya resolución podría tener consecuencias legales y políticas. Mientras el juez evalúa los argumentos de las defensas, la comunidad investigativa sigue bajo presión para garantizar la transparencia. El caso ANDIS, con su complejidad y alcance, sigue siendo un foco de atención en la lucha contra la corrupción en la Argentina.