El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay elevó la solicitud de prisión preventiva para Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel. La fiscalía, encabezada por Ysrael Villalba, pidió dos años y dos meses de cárcel por tentativa de contrabando de divisas. El caso, que se desarrolla en Asunción, se centra en la supuesta entrada ilegal de 211.102 dólares, 646.000 guaraníes y 3,9 millones de pesos argentinos sin declarar a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Kueider y Guinsel fueron detenidos en diciembre de 2024 durante un control en el Puente Internacional de la Amistad. Los oficiales encontraron la cantidad de dinero oculta en una camioneta. Desde entonces, ambos permanecen en prisión domiciliaria en Luque, tras ser trasladados de Asunción. La Fiscalía argumenta que la conducta de los acusados violó normas aduaneras y fiscales, aunque la defensa sostiene que no se cometió ningún delito.

La defensa, liderada por Marcelo Bogado y Carlos Arévalos Girett, presentó alegatos que destacaron la ausencia de intención criminal. Bogado criticó el criterio de la Fiscalía, señalando que la acción no se ajusta a la tipicidad del delito. Kueider, al tomar la palabra, defendió la legalidad de su conducta y cuestionó la evidencia presentada. “No hubo negligencia ni intención de evadir la normativa”, sostuvo el ex senador, quien fue removido de su banca en la Cámara alta tras la detención en Paraguay.

El juicio sigue en marcha con la evaluación de pruebas y la valoración de la intención delictiva. La fiscalía argumenta que el monto supera el límite legal para declaraciones simplificadas, mientras que la defensa insiste en la falta de intención de ocultar el dinero. La sentencia podría tener un impacto significativo en la imagen de Kueider, quien fue figura destacada del kirchnerismo en Entre Ríos. La cuestión también resalta la complejidad de la regulación fiscal en la frontera entre Argentina y Paraguay.

La decisión judicial podría definir el futuro político de Kueider, cuya situación refleja la tensión entre la legalidad y las prácticas de transición fiscal en la región. La sentencia se espera en el próximo mes, con consecuencias que podrían afectar su participación en el ámbito público.