El juez federal Luis Armella inició una nueva etapa en la causa Yategate al procesar al empresario Víctor Donadio, ex cuñado de Martín Insaurralde y dueño de la constructora DOIO. La medida judicial se sumó a la investigación por enriquecimiento ilícito del ex intendente de Lomas de Zamora, quien fue acusado de haber diseñado un sistema de adjudicación de obras públicas que beneficiaba a aliados del peronismo. La causa abarca además a ex intendentes como Alfonso Regueiro, quien gobernó Presidente Perón, y otros funcionarios y empresarios vinculados al esquema.

La investigación, liderada por el fiscal Sergio Mola, reveló que la pavimentación de la Ruta Provincial 16, financiada con 57,5 millones de pesos de fondos nacionales, fue adjudicada a DOIO bajo un proceso cuestionado. El juez destacó que la empresa ajustó su oferta al máximo permitido, aprovechando sobreprecios en el presupuesto y obteniendo el contrato gracias al respaldo de funcionarios. Según la resolución, DOIO certificó trabajos que nunca realizó y entregó una ruta que necesitó reconstrucción apenas unos años después.

El empresario, quien ya estaba en prisión preventiva en la causa Yategate como supuesto testaferro de Insaurralde, enfrenta un embargo de 20.000 millones de pesos por las presuntas irregularidades. La ruta provincial 16 une a los partidos de Presidente Perón, Esteban Echeverría y Almirante Brown, lo que amplía el impacto del caso en el conurbano bonaerense. La investigación también señaló que la empresa ejecutó una obra de calidad inferior y cobró por tareas inexistentes, incluyendo 67.000 metros cúbicos de movimiento de suelo y una intersección vial que no se construyó.

La decisión del juez Armella deja en manos del flamante juez federal número dos de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, la conducción de la causa. El magistrado describió a Donadio como «la pieza central del engranaje privado» del esquema, lo que refuerza la hipótesis de un sistema de corrupción estructural en proyectos públicos. Las autoridades continúan analizando cómo las irregularidades afectaron la inversión pública y cuánto se estimó en desviaciones económicas.

La decisión judicial profundiza el escándalo Yategate, revelando vínculos entre empresarios y funcionarios en la adjudicación de obras, con un impacto potencial en miles de millones de pesos en recursos públicos. La investigación sigue abierta para esclarecer el alcance de los ilícitos y sancionar a los responsables.