Procuración General respaldó decisión del Gobierno contra tasas municipales en servicios

La Procuración General de la Nación dio su visto bueno a la decisión del Gobierno de prohibir que los municipios cobren tasas locales a través de facturas de servicios como luz y gas. En dos dictámenes recientes, el ente fiscal sostuvo que la medida no viola la autonomía municipal, ya que las comunas podrían recaudar esos tributos mediante otros canales. La decisión llega en medio de una disputa judicial que involucra a intendentes de Río Grande y José C. Paz, quienes promovieron acciones para frenar la norma.

La polémica comenzó en mayo de 2024, cuando la entonces Secretaría de Industria y Comercio publicó la Resolución 257/2024, que ordenó que las facturas de servicios solo mencionen el producto contratado y no incluyan sumas ajenas, como tasas municipales. La medida afectó a más de 500 intendentes, que dependen de esos ingresos para financiar proyectos locales. La eliminación generó críticas por temor a recortes en servicios públicos, especialmente en zonas con baja recaudación.

El conflicto se intensificó con el lanzamiento del portal de transparencia fiscal por parte del ministro Luis Caputo, que reveló las tasas de cada intendente. La Procuración, en su dictamen, destacó que la norma fue emitida en ejercicio de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios. Sin embargo, los intendentes arguyen que la medida despoja a las comunas de una fuente clave de ingresos, especialmente en áreas donde la recaudación municipal es limitada.

El tributarista César Litvin, socio de Lisicki, Litvin y Abelovich, explicó que el dictamen no aborda la constitucionalidad de las tasas, sino solo su forma de percepción. «La Procuración no dice que las tasas sean inconstitucionales, solo se enfoca en si el sistema de cobro es válido», señaló. Esto deja abierta la posibilidad de que los municipios busquen alternativas, como impuestos propios o alianzas con empresas privadas, para compensar la pérdida de ingresos.

La decisión de la Procuración abre espacio para que los municipios busquen nuevas fuentes de financiación, aunque la incertidumbre sobre el impacto en los presupuestos locales sigue vigente. La Corte Suprema ahora deberá decidir si respalda la medida o no.