La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) alertó al Ministerio de Seguridad Nacional sobre la entrada irregular de 47 ciudadanos chinos al país, quienes no registraron su llegada migratoria. El informe, fechado el 10 de julio, señaló que los casos se detectaron en el aeropuerto de Puerto Iguazú, donde los afectados intentaron abordar vuelos domésticos hacia Buenos Aires y Córdoba. Según fuentes migratorias, el recorrido común de los pasajeros y el cambio reciente en la política migratoria de Brasil sugieren la creación de un nuevo corredor para facilitar la entrada ilegal.

El reporte detalla que los ciudadanos chinos atraviesan la frontera entre Brasil y Argentina sin visado, aprovechando la flexibilización de reglas migratorias en ambos países. Aunque la entrada de chinos a la Argentina está permitida bajo ciertas condiciones, como tener visa previa aprobada a Estados Unidos, la PSA advierte sobre una «detección reiterada» que podría indicar un esquema organizado. Las autoridades sospechan que el corredor Foz do Iguaçu-Puerto Iguazú está siendo utilizado para facilitar el tránsito ilegal, lo que podría generar presión en el sistema migratorio argentino.

El contexto internacional añade complejidad al caso. A principios de 2025, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay extendieron temporalmente la entrada sin visa para ciudadanos chinos, en respuesta a presiones de Estados Unidos para reducir vínculos con Beijing. Argentina replicó con su propia medida, pero el escenario actual sugiere que la flexibilidad podría ser explotada para aprovechar la brecha. La PSA, al alertar sobre este flujo, busca anticipar riesgos en la gestión de la frontera, donde la vigilancia es clave para evitar abusos del sistema.

El tema también refleja tensiones geopolíticas. Mientras el gobierno de Xi Jinping intenta ampliar su influencia, el mandatario argentino, Javier Milei, ha sido presionado por Washington para distanciarse de China. Esta dinámica podría influir en la regulación migratoria, aunque la preocupación actual se centra en la seguridad fronteriza. La PSA, con su alerta, pone en evidencia la necesidad de monitorear el impacto de las políticas migratorias en la legalidad del ingreso, un desafío que requiere coordinación entre instituciones argentinas y vecinas.

El informe de la PSA resalta la necesidad de fortalecer controles en la frontera, mientras que el contexto internacional muestra cómo las políticas migratorias pueden ser explotadas para facilitar el tránsito ilegal. La alerta pone en marcha una revisión institucional sobre la gestión de la migración en un escenario de tensiones geopolíticas.