Cinco legisladores radicales de Provincias Unidas, en la Cámara de Diputados, reclamaron públicamente que el bloque UCR deje de usar el sello partidario luego de que su alianza con el oficialismo frenara la interpelación de Manuel Adorni. La decisión se tomó minutos antes de su renuncia, generando un escrutinio sobre la coherencia del radicalismo con sus principios históricos. La carta, firmada por los porteños Martín Lousteu y Mariela Coletta; el bonaerense Pablo Juliano; y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, se dirigió al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y al titular del Comité Nacional, Leonel Chiarella.

Los radicales criticaron la conducta del bloque presidido por Pamela Verasay, aliada del gobernador Carlos Sadir. En la carta, señalaron que la decisión de no conceder quórum para la sesión de interpelación de Adorni «ensuciaba el nombre de la UCR» y la vinculaba con la impunidad del Jefe de Gabinete. Además, resaltaron que en la votación del Presupuesto 2026, tres diputados del bloque apoyaron la derogación de leyes como la de Financiamiento Universitario, en desacuerdo con el mandato de su dirección.

La protesta también incluye una juntada de firmas digitales que busca «dejar de ensuciar el nombre de la UCR». Los radicales argumentan que la alianza con el oficialismo ha debilitado la identidad del partido, especialmente tras la expulsión del exgobernador de Santa Fe, Rodolfo Páez, y la postulación de Alfredo Cornejo como referente. El bloque de Verasay, que responde a Cornejo, ha mantenido una postura crítica hacia el kirchnerismo, pero su alianza con el oficialismo ha generado tensiones internas en el radicalismo.

El presidente de la Cámara Baja, Menem, fue requerido para revisar la utilización del nombre «Unión Cívica Radical» por parte del bloque. La demanda refleja un conflicto interno en el radicalismo entre quienes buscan mantener su independencia y otros que priorizan alianzas para frenar al kirchnerismo. La situación pone en evidencia la fractura dentro del partido, que enfrenta un proceso de redefinición tras décadas de hegemonía en la política argentina.

La demanda de los radicales resalta la polarización interna del radicalismo y su desafío para mantener la cohesión tras una alianza con el oficialismo que, según sus críticos, contradice su historia. La decisión de la UCR podría tener implicaciones en su proyección institucional y su capacidad para redefinirse en el contexto político actual.