El fiscal porteño Jorge Fernández reabrió la causa por una supuesta extorsión contra Jesica Cirio, vinculada al video del vestidor con miles de dólares grabado en la mansión de San Vicente del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. La investigación había sido archivada por inexistencia de delito, pero la jueza María Galetti la delegó en la fiscalía, lo que activó la reapertura en el marco de la contraofensiva judicial de la modelo, imputada en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que investiga a su exmarido en el juzgado federal de Lomas de Zamo.

Los abogados de Cirio, Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia, presentaron el pedido de reapertura luego de que el periodista Diego Suárez declarara como testigo y tras las revelaciones del financista Francisco Hauque en el programa ¿La Ves? de Joni Viale, además de otras publicaciones. Según testimonios judiciales, Suárez afirmó que el financista Elías Piccirillo —segundo marido de Cirio— le contó que «tenía el video del vestidor» y que, como la modelo estaba siendo extorsionada, entregó 500.000 dólares para intentar frenar la maniobra. «Piccirillo hizo una cámara oculta cuando entregó esa cantidad de dinero a la mujer de un abogado muy importante llamado Fito Baqué. Yo vi esa grabación desde el celular de Piccirillo», declaró Suárez.

Consultado Baqué rechazó de plano esa versión. Negó haber extorsionado a Cirio y evitó hacer más comentarios porque se encuentra participando del juicio oral por el caso Loan, en Corrientes. En cambio, una fuente cercana a Piccirillo sostuvo que «Baqué no cobró plata», aunque dejó abierta la posibilidad de que el dinero hubiera terminado en manos de otras personas. «Ese pago al doctor Baqué era para cuidar a Jesica Cirio. Piccirillo nunca me dijo si había presentado alguna denuncia por esas supuestas extorsiones», agregó la fuente, sin especificar quiénes podrían haber recibido la suma.

La reapertura de la causa eleva la tensión en un escenario donde la imagen de Cirio ya está bajo scrutiny judicial. La investigación se desarrolla en el juzgado federal de Lomas de Zamora, donde se analizan también otros delitos vinculados a su exmarido, mientras que el exintendente Insaurralde enfrenta otros casos por corrupción. La situación refleja la complejidad de las redes de poder y el uso de recursos financieros para preservar intereses personales, en un contexto donde las declaraciones de testigos y el análisis de pruebas son cruciales para definir el rumbo de los procesos.

La reapertura de la causa podría afectar el desenlace de otros casos judiciales relacionados, mientras que la discusión sobre la veracidad de los testimonios y el manejo de las evidencias seguirá siendo clave para el desarrollo de la investigación.