El gobierno argentino, tras la victoria electoral de 2023, avanza con una propuesta radical que redefine las reglas del juego en el Congreso. La eliminación de las PASO y la incorporación de una lista colectora —una forma de agrupar votos sin dividirlos en papeletas— busca consolidar el control del oficialismo sobre las bancas legislativas. La medida, presentada como un ajuste técnico, es percibida como una estrategia para minimizar el impacto de la creciente influencia de La Libertad Avanza en el ámbito provincial y evitar la fragmentación de los votos aliados.

La reforma, que ya ha generado fricciones internas entre el PRO y la UCR, refleja la necesidad del oficialismo de reforzar su base electoral en una legislatura donde la mayoría absoluta es clave. Aunque el sistema no se aplicará a las elecciones de senadores, su implementación en la Cámara de Diputados podría alterar la distribución de bancas, ya que permitirá que los partidos aliados concentren sus apoyos sin dividirlos. En provincias como Corrientes o Formosa, donde el peronismo unificado tiene una fuerte presencia, esta medida podría garantizar que los votos no se dispersen entre múltiples listas, beneficiando al oficialismo.

El contexto de la iniciativa está enraizado en la experiencia reciente del sistema electoral argentino. Las PASO, que históricamente ordenaban las internas de los partidos, han sido criticadas por generar una fragmentación de votos y dificultar la consolidación de bloques. Sin embargo, su eliminación no solo responde a una necesidad de eficiencia institucional, sino también a una lucha por el control de las estructuras políticas. La propuesta del gobierno, que ya fue discutida en el Senado con la presencia de Martín Menem, busca equilibrar la participación de los aliados sin desestabilizar el orden interno de cada partido.

La resistencia del PRO y la UCR, por su parte, refleja la complejidad de la negociación. Ambos partidos, que han sido pilares del oficialismo, temen que la lista colectora reduzca su autonomía y les quite espacios para consolidar su base electoral provincial. La UCR, en particular, ha expresado preocupación por la posibilidad de que sus candidatos pierdan relevancia frente a la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. Esta tensión resalta la importancia de la reforma como un instrumento para redefinir la relación entre el poder central y las fuerzas provinciales.

La reforma también tiene implicaciones para la agenda política de 2027. Al eliminar las PASO, el oficialismo busca asegurar que sus alianzas no se desgarran en el proceso electoral, lo que podría darle una ventaja estratégica en la construcción de un frente político. Sin embargo, la medida no resuelve las dinámicas internas de los partidos: si la colectora no logra unificar los votos, podría generar nuevas divisiones. En este sentido, la reforma se convierte en una herramienta de corto plazo para fortalecer la posición del gobierno, pero no en una solución definitiva para los desafíos de representación en el Congreso.

La propuesta del oficialismo no solo redefine las reglas del juego electoral, sino que también pone de relieve los límites de su alianza con partidos históricamente en desacuerdo. Aunque la medida busca consolidar su poder, su éxito dependerá de la capacidad de los aliados para adaptarse a un sistema que prioriza la cohesión sobre la autonomía. La reforma electoral, en este contexto, se convierte en un espejo de las tensiones internas del sistema político argentino y de la lucha por la hegemonía en un escenario electoral cada vez más polarizado.