La decisión de la jueza y el peritaje que la invalidó

Según informó Clarín, La jueza María del Carmen Fuentes resolvió este martes que no existen pruebas suficientes para acusar a Sofía Clerici de blanqueo fiscal en el caso del «Yategate». La decisión se basó en el informe del peritaje contable presentado por el Ministerio de Economía, que concluyó que las transacciones atribuidas a la modelo no cumplen con los criterios de delito fiscal.

El peritaje, realizado por un especialista en derecho tributario, analizó las cuentas bancarias y operaciones de la modelo durante los años 2020 y 2021. Según el informe, no se encontraron elementos que indiquen un uso indebido de recursos, ni prácticas que configuren el delito de blanqueo. La jueza destacó que «la falta de conexión directa entre las operaciones y el patrimonio del acusado no permite sustentar la acusación».

El contexto del «Yategate» y la investigación que continúa

El caso del «Yategate» surgió en 2021, cuando se reveló que el ex intendente de Tandil, Martín Insaurralde, habría utilizado cuentas bancarias en el exterior para ocultar millonarias transferencias. La investigación, liderada por la UIF, indagó en la actividad financiera de varios allegados al político, incluyendo a su esposa y a un familiar cercano.

Aunque Sofía Clerici fue inicialmente señalada como un posible intermediario, el peritaje contable descartó esa hipótesis. Sin embargo, la UIF continúa investigando otras líneas del caso, incluyendo la posible participación de otro familiar de Insaurralde y de empresarios ligados a su entorno. La fiscalía, por su parte, mantuvo su postura de que las transacciones «no se ajustan a la normativa vigente», lo que podría llevar a nuevas acciones legales.

La resolución de la jueza marca un avance en la clarificación de las acusaciones del «Yategate», pero no cierra el caso. La UIF ha confirmado que seguirá indagando en las transacciones relacionadas con Insaurralde, aunque la participación de Sofía Clerici queda descartada por ahora. La decisión refleja la complejidad de los delitos fiscales, donde la evidencia debe cumplir con estándares mínimos para sostener una acusación.