Subsidios a colectivos suben 2% por evitar paros, pero empresas dicen faltan recursos

El Ministerio de Economía autorizó un incremento de subsidios para colectivos que recorren la avenida General Paz o el Riachuelo, dos rutas clave en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca fondear empresas operadoras del transporte público y evitar futuros paros, que ya dejaron más de 40 días de interrupciones en zonas como San Martín y San Isidro.

La resolución 48/2026 establece una «tarifa técnica» promedio de $1.816, un 2% más que el anterior cálculo de $1.778. El ajuste refleja el costo real del gasoil, que subió fuertemente desde marzo por la crisis en Medio Oriente. Sin embargo, las empresas de transporte sostienen que el monto aún es insuficiente. La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) calculó que el costo real por pasajero alcanza $2.138 sin IVA, una diferencia de $76.000 millones mensuales que afecta la calidad del servicio.

El gobierno modificó el cálculo para evitar desbalances en su caja: excluyó del subsidio al 3% de las unidades y al 2% de los kilómetros recorridos por cada una de las 17.000 colectivas. Luciano Fusaro, presidente de AAETA, explicó que «la situación económica de las empresas mejoró algo» por un mejor flujo de pagos, pero «el sistema se achicó más aún». Los choferes y operadores denunciaron que las frecuencias se redujeron y que las unidades en circulación son más antiguas, lo que genera retrasos en la atención a usuarios.

El conflicto entre autoridades y empresas refleja un dilema común: equilibrar subsidios con la viabilidad financiera. En tanto, las autoridades insisten en que la medida «evita una crisis mayor» en el transporte, aunque expertos advierten que el déficit creciente podría afectar la movilidad de miles de argentinos. La falta de recursos también influye en la modernización del parque vehicular, un tema prioritario para mejorar la eficiencia en un sistema que ya carga con más de 20 años de desgaste.

La diferencia entre subsidios otorgados y costos reales se traduce en una pérdida mensual de 76.000 millones de pesos, lo que impacta directamente en la frecuencia, el mantenimiento y la seguridad del transporte público. Mientras el gobierno intenta contener los paros, las empresas demandan más apoyo para evitar que el servicio se degrade aún más.