La crisis alimentaria y el agravamiento del endeudamiento

La situación en barrios populares se vuelve cada vez más crítica, según datos recopilados por el Instituto Periferias. Más del 60% de los hogares allí radicados se encuentra en situación de deuda, con un 42,3% utilizando créditos para garantizar su alimentación. Esta cifra no solo refleja la falta de acceso a recursos básicos, sino también la profundización de la desigualdad económica en sectores marginados.

Marina Joski, líder de la organización UTEP, destacó que «el endeudamiento se convierte en una herramienta de supervivencia, pero pone en riesgo la estabilidad de las familias». Su denuncia se basa en testimonios de vecinos que describen cómo el acceso a alimentos es cada vez más limitado. «En muchos casos, las personas tienen que endeudarse para pagar un kilo de arroz o un litro de leche», explicó.

El contexto de la crisis económica argentina, marcada por la inflación y la falta de empleo, amplifica esta situación. Según un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 17,2% de la población vive en pobreza extrema, una cifra que sube al 28,4% en zonas urbanas de bajos ingresos. La combinación de factores exacerba la vulnerabilidad de las familias, forzándolas a recurrir a fuentes de crédito informales o a descuentos en su capacidad de consumo.

Critica al Gobierno y llamado a la organización popular

Joski criticó la política económica del gobierno nacional, acusando de no abordar las causas estructurales de la pobreza. «No hay un plan para garantizar el derecho a la alimentación», afirmó, resaltando que las medidas actuales son «reaccionarias y no solucionan el problema». En su opinión, el Estado debe invertir en políticas sociales y garantizar el acceso a bienes básicos, como el agua, la electricidad y los alimentos.

La organización UTEP propone un enfoque colectivo para enfrentar la crisis. «La solución no es solo la redistribución de recursos, sino también la organización comunitaria», explicó Joski. Señaló que los barrios populares deben convertirse en espacios de resistencia y autogestión, donde las familias se apoyen mutuamente para superar las dificultades. Este llamado refleja una estrategia que combina solidaridad con acciones concretas, como la creación de comedores comunitarios o la defensa de derechos laborales.

La situación también ha generado un impacto psicológico profundo. Según un informe del Ministerio de Salud, el 25% de los niños en zonas de alta pobreza presentan problemas de salud mental vinculados al estrés y la ansiedad. «La crisis alimentaria no solo afecta el cuerpo, sino también la mente», destacó un psicólogo que colabora con UTEP. Esta realidad convierte a la población vulnerable en un grupo con necesidades complejas que exigen respuestas integrales.

Un escenario de vulnerabilidad que exige acción inmediata

Los datos del Instituto Periferias y las denuncias de organizaciones como UTEP muestran que la crisis alimentaria no es una excepción, sino una tendencia que se profundiza en los barrios populares. La situación exige una respuesta urgente desde el Estado, las instituciones y la sociedad civil.

El ministro de Desarrollo Social había anunciado en marzo una inversión de 500 millones de pesos en programas de alimentación, pero la implementación sigue siendo incierta. «La gente necesita más que anuncios, necesita soluciones reales», señaló Joski. En este sentido, la organización propone movilizaciones y protestas para exigir al gobierno una acción concreta.

La crisis también ha cobrado un carácter regional, con zonas de la provincia de Buenos Aires y Córdoba mostrando tasas de pobreza superiores al promedio nacional. En estos lugares, la falta de acceso a transporte público y la precariedad laboral aumentan la vulnerabilidad. «Estamos frente a una situación que requiere un debate nacional», concluyó Joski, resaltando la importancia de unir fuerzas para evitar que la pobreza se convierta en una condición permanente.

La crisis alimentaria y el agravamiento del endeudamiento en barrios populares exigen una respuesta inmediata. Según datos del Instituto Periferias, el 42,3% de los hogares usa préstamos para alimentarse, un escenario que pone en riesgo la estabilidad de miles de familias. La organización UTEP llama a la acción colectiva y exige al gobierno una política social más inclusiva, mientras la comunidad busca formas de resistencia para enfrentar la crisis.