A menos de tres semanas de que la Corte Suprema rechazara el recurso del Ejecutivo, las universidades nacionales y sus gremios mantienen en tensión la espera de un cumplimiento inminente de la Ley de Financiamiento. La decisión de la Corte, que confirma la aplicación del amparo presentado por el Consejo de Investigaciones Nacionales (CIN), impone al gobierno la obligación de regularizar el salario total de docentes y no docentes, además de cubrir becas estudiantiles adeudadas. La recomposición salarial, que podría alcanzar el 25%, se espera en la liquidación de julio, pese a la incertidumbre de la respuesta institucional.

El acuerdo paritario suscripto a fines de mayo –que se aplicó en paralelo a la disputa judicial– ya elevó los haberes en un 21,3%, según informes de las instituciones. Sin embargo, el gobierno se negó a abonar el 3% restante que se había pactado para octubre, al tiempo que la inflación erosionaba los ingresos de los docentes. La falta de actualización salarial desde 2025, cuando la ley fue vetada por Javier Milei pero respaldada por dos tercios de las cámaras, dejó a la población docente sin una reparación equivalente al 50% de sus ingresos frente al desplome de la moneda.

El silencio del Ejecutivo tras el fallo de la Corte ha generado una tensión institucional. Aunque fuentes cercanas al gobierno trascendieron que acatarán el fallo, la espera persiste. “Este mes se pagó el acuerdo paritario, 21%, pero la cautelar no se aplicó. Lo que sí queda es la fecha del 15 de setiembre para la paritaria”, explicó Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA). Los rectores, por su parte, insisten en que la liquidación de julio debe incluir el 25% adicional, un incremento que cubriría la brecha salarial acumulada.

La situación refleja una confrontación entre el Estado y las universidades, que ahora enfrentan una posible confrontación judicial si el gobierno no respeta el fallo. Las instituciones calculan que el ajuste salarial afectará a unos 200 mil docentes, un sector que vive una crisis de desmotivación y deserción laboral. La falta de cumplimiento de la ley de Fondos, sancionada en 2025 pero vetada por Milei, ha convertido la regularización salarial en un tema de vital importancia para la estabilidad de las universidades y la calidad del sistema educativo.

El cumplimiento de la ley de Fondos determinará la estabilidad financiera de las universidades y la capacidad de los docentes para enfrentar la inflación. La próxima liquidación de julio será clave para evitar una escalada de protestas y una crisis institucional que podría afectar la educación superior en el país.