El gobierno de Estados Unidos celebró el anuncio del presidente interino de Venezuela, Delcy Rodríguez, de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), calificando el tribunal como un «organismo corrupto» y «sin legitimidad». En un comunicado, el Departamento de Estado destacó que el nuevo giro en la política internacional «desmantela» la institución, acusándola de actuar con «sesgo político» y «extralimitación» en investigaciones contra líderes de países no firmantes del Estatuto de Roma.

La decisión venezolana, calificada como «firme e irrevocable», busca romper con un mecanismo judicial que, según Washington, se ha dedicado a «investigar» a Nicolás Maduro desde 2018 sin resultados concretos. La Administración de Donald Trump señaló que la CPI prioriza casos de naciones con sistemas judiciales «competentes», mientras ignora otros, lo que Washington describe como una «aplicación selectiva de la justicia». Esta crítica refleja el conflicto entre Estados Unidos y la CPI, donde el primer ministro británico Boris Johnson también llamó a su «reforma», y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertó sobre los riesgos de un «aislamiento legal».

La salida de Venezuela de la CPI no solo impacta su sistema jurídico, sino que también simboliza una ruptura con un marco que, en los últimos años, ha sido blanco de críticas por supuestas irregularidades. Estados Unidos, desde 2019, ha insistido en que la CPI no responde a la «justicia internacional» ni a «derechos humanos reales», sino a intereses políticos. La medida, sin embargo, no anula las investigaciones ya abiertas contra Maduro, que enfrenta un juicio en Estados Unidos por supuestos delitos, sino que pone a la nación en un contexto donde su jurisdicción podría ser reevaluada.

El anuncio venezolano coincide con un creciente descontento global hacia la CPI, que enfrenta denuncias de «injusticia» en casos como los de Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana. La decisión de Caracas, sin embargo, no solo busca desafiar el orden internacional, sino también reafirmar su autonomía en un contexto donde las relaciones con Washington están marcadas por tensiones geopolíticas y acusaciones mutuas de «intervencionismo».

La salida de Venezuela de la CPI marca un hito en el debate sobre la legitimidad del tribunal, un tema que ha polarizado alrededor del mundo. Aunque la medida no cancela procesos pendientes, sí refleja una ruptura con un sistema judicial que, según Estados Unidos, no respeta la soberanía ni la independencia de los países. El impacto en la geopolítica regional y el futuro de la justicia internacional quedan pendientes de su evolución.