El lunes 2 de marzo, en el puerto de La Guaira, el lugar más afectado por el sismo, el aire se llenó del olor a humedad y cemento. Allí, en un área donde los contenedores refrigerados se alinearon como ataúdes improvisados, los equipos forenses trabajaban bajo carpas de plástico. Los cuerpos, aún con restos de ropa y una identidad solo parcialmente reconstruida, eran trasladados a la zona de carga, una operación que se prolongó días después del terremoto.

El desastre, que dejó al menos 2.295 muertos y más de 11.000 heridos, no solo abrumó al sistema de salud. La cantidad de cadáveres superó la capacidad de las morgues, un problema que se agravó en un país donde la gestión pública ya se ha caracterizado por su ineficacia. En los primeros días, los cuerpos yacían sobre cartones en el estacionamiento de un hospital, expuestos al calor y al viento. Familiares formaban filas en sus vehículos, llevando los restos a la espera de identificación.

La respuesta del gobierno se vio complicada por el colapso institucional. Mientras las autoridades intentaban organizar el traslado de los cadáveres, las cifras de muertos subían constantemente. Según funcionarios, el miércoles el número de fallecidos aumentó en más de 300, alcanzando 2.295. Dos médicos de la morgue principal de Caracas estimaron que la cifra real rondaba los 4.000, un desafío que exige un sistema forense y logístico que ya se veía sobrecargado.

La tragedia activó una crisis humanitaria sin precedentes. La ONU, en coordinación con el gobierno, adquirió 10.000 bolsas para cadáveres, una medida que refleja la urgencia del escenario. Estados Unidos, en tanto, desplegó 300 millones de dólares en ayuda, pero la prioridad sigue siendo la búsqueda de supervivientes. Sin embargo, la complejidad de la operación revela una estructura de Estado en crisis: desde la identificación de los fallecidos hasta la organización de entierros, el desafío se extiende más allá de la emergencia inmediata.

Este contexto se sitúa en una región que ya vive problemas estructurales. En Venezuela, la crisis económica y la corrupción han debilitado instituciones esenciales. La situación recuerda a los desastres naturales de 2016, cuando el terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter dejó al menos 2300 muertos, 50.000 desaparecidos y una devastación que persistió años. En aquella ocasión, la escena fue similar: familias esperando en filas, autoridades desbordadas, y una población que se enfrentó a la falta de agua, alimentos y servicios básicos.

La comparación no es casual. Aunque el terremoto de 2016 fue de menor magnitud, la forma en que el Estado respondió marcó una crítica a la gestión del desastre. Hoy, con la situación aún más crítica, la esperanza de que la identificación de los cuerpos se pueda completar antes de que el clima y la desnutrición aceleren la descomposición se vuelve una utopía.

En Argentina, el contexto de la crisis humanitaria en Venezuela resuena en la mirada sobre el impacto de los desastres naturales en regiones con problemas estructurales. La experiencia de Venezuela, donde la infraestructura no resiste los terremotos y la ayuda internacional se convierte en un lastre, sirve como un espejo para otros países en vías de desarrollo.

La tragedia en Venezuela no solo es una consecuencia del terremoto, sino también una manifestación de un Estado que se hunde en la crisis. La gestión de los cuerpos sin identificar, el desbordamiento de las morgues y la lentitud de la respuesta internacional revelan un sistema que no ha superado las heridas de décadas de negligencia. Mientras se espera que el clima no acelere la pérdida de evidencia, la pregunta persiste: ¿Cómo un país tan grande como Venezuela puede enfrentar una crisis que requiere una coordinación, recursos y confianza en las instituciones que parecen desaparecer? La respuesta, por ahora, es un escenario de angustia y desafíos sin fin.