El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió Venezuela el 24 de junio dejó al menos 5.069 muertos y 16.740 heridos, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. La cifra de fallecidos subió este viernes tras sumar 139 nuevos casos, mientras que la cantidad de personas sin vivienda se mantiene en 17.907. El balance incluye la atención a 128.324 familias afectadas, con 21.235 en campamentos transitorios, y la registración de 1.331 réplicas, la más destacada la de 3,9 grados el 10 de julio en La Guaira.

La crisis no solo impactó a las víctimas, sino también a las autoridades, que enfrentan una doble urgencia: reconstruir hogares y manejar el desastre ambiental. El gobierno inició un censo biométrico para estimar las viviendas necesarias, aunque calcula que podrían ser 25.000. Además, el Parlamento aprobó una reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria para incentivar la construcción privada, aunque aún debe pasar por un segundo debate. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, explicó que la medida busca garantizar seguridad jurídica y financiación para el sector inmobiliario.

La magnitud del desastre también se refleja en los escombros: 2.106.000 toneladas de material destruido, según el gobierno y el PNUD. Este volumen exige una estrategia de gestión que combine limpieza, reciclaje y prevención de riesgos. El ministro de Vivienda, Ramón Gutiérrez, confirmó que el plan incluye la evaluación de zonas afectadas y la coordinación con ONGs, aunque aún no se definieron los plazos exactos. En La Guaira, el epicentro del desastre, la población vive en alerta constante, con evacuaciones preventivas tras las réplicas que mantienen en tensión a los vecinos.

El drama humano se agudiza con la escasez de recursos. Mientras se espera la asistencia internacional, las familias que quedaron sin hogar comparten abrigos y alimentos en centros de acogida. En un barrio de Caracas, una mujer explicó que «no sabemos si nuestro edificio resistirá más terremotos». El gobierno, aunque ha prometido apoyo, enfrenta críticas por la lentitud en la respuesta y la falta de información clara sobre el destino de los escombros. La crisis deja un legado de vulnerabilidad, en un país ya marcado por la crisis económica y la corrupción institucional.

El plan para gestionar los 2 millones de toneladas de escombros incluye reciclaje y cooperación con ONGs, pero aún no se establecen plazos ni responsabilidades claras. La reconstrucción dependerá del apoyo privado y la solidaridad comunitaria en un contexto de desafíos institucionales.