La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes que Cristina Fernández de Kirchner deberá seguir cumpliendo su condena en prisión domiciliaria bajo las mismas condiciones actuales. La decisión, adoptada por mayoría, rechazó el recurso extraordinario presentado por su defensa, que había solicitado la eliminación del dispositivo electrónico de control, la libertad de acceso a la terraza del edificio y la flexibilización de horarios para visitas.

El tribunal, encabezado por el juez Gustavo M. Hornos, destacó que las medidas no constituyen una «infracción de principios fundamentales» y que «encuentran sustento en el régimen legal de la prisión domiciliaria». Hornos explicó que las restricciones, aunque limitan ciertas libertades, son «razonables, proporcionadas y revisables», sujetas al control periódico del juez de ejecución. El magistrado señaló que el recurso no atacaba una sentencia definitiva y que no se demostró un «perjuicio de imposible reparación».

La defensa, encabezada por el abogado Pablo de Mendíbil, había argumentado que las condiciones afectaban los derechos a la privacidad, la igualdad y la razonabilidad. Solicitaba que se dejara sin efecto el régimen vigente, alegando que las restricciones «violan los principios de legalidad y proporcionalidad». Sin embargo, la Sala IV rechazó esa postura al considerar que las medidas están enmarcadas en el marco legal vigente, que establece que la prisión domiciliaria requiere «restricciones necesarias para garantizar la integridad del proceso judicial».

El caso de Cristina Kirchner, que cumple una condena firme de seis años por el delito de administración fraudulenta en la causa Vialidad, ha sido objeto de múltiples recursos en los últimos meses. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto, aún no se pronunció sobre las cuestiones planteadas, lo que mantiene abierta la posibilidad de un eventual análisis más amplio. El fallo de la Cámara de Casación, sin embargo, deja claro que las restricciones actuales no serán modificadas a menos que se presenten nuevos argumentos jurídicos.

El fallo deja en manos del sistema judicial el análisis de las medidas de control, pero confirma que la expresidenta no podrá alterar las condiciones de su prisión domiciliaria sin un cambio en el marco legal vigente. La decisión refuerza la postura de los jueces en la materia, quienes han sostenido que las restricciones son necesarias para evitar riesgos de reiteración del delito.